- Prevalece falta de compromiso del Estado y desigualdad en asignación fondos
- El desafío es “reafirmar a la educación como un derecho humano y un bien público”: Freddy Javier Álvarez
La problemática de las universidades públicas va más allá de vicios internos, espacios laborales no justificados o cierre de programas poco demandados, sino de la falta de compromiso del Estado y la desigualdad que prevalece en la asignación del presupuesto para las instituciones de educación superior, opinó Axel Didriksson Takayanagui, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“El problema de los recursos y el déficit de las universidades en materia de jubilaciones es añejo, no es de ahora. Tengo un artículo de hace 10 años en el que diagnostiqué la situación financiera y encontré que es tan grande el déficit para cubrir las jubilaciones que prácticamente pondría en situación de quiebre financiera al Estado”, expuso.
Consideró que no hubo una previsión de política pública que permitiera resolver ese problema, además que el presupuesto se redujo a partir de la caída del precio del petróleo y su asignación ha sido desigual para las instituciones.
Además, señaló que no son claros los criterios utilizados por el Gobierno Federal para otorgar el presupuesto a las universidades y en consecuencia es mucha la desigualdad que se genera entre estas.
Por ejemplo, informó que en el actual sexenio el presupuesto para la UNAM ha crecido en 87 por ciento, mientras que en las universidades en los estados ha sido mínimo, lo que evidencia que se utilizan criterios poco claros y no una política general de incremento hacia todas las instituciones del país.
En situaciones de crisis financiera, Didriksson Takayanagui comentó que ha habido programas remediales en algunas en instituciones como la UNAM, donde se implementó un programa de jubilación a los 70 años de edad, por lo que “lo importante es que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior tome el toro por los cuernos y asuma que hay una responsabilidad del Estado en la política financiera”.
Manifestó la necesidad de un programa nacional para el saneamiento financiero de las universidades públicas, porque de lo contrario en poco tiempo todas las instituciones tendrán el mismo problema. Es decir, “hay que hacer una redefinición programática”.
Afirmó que la crisis financiera en que se encuentran varias universidades, entre ellas la Autónoma de Zacatecas (UAZ), no es por la manera en que han sido conducidas, sino “por un problema nacional de Estado, de años que se han acumulado y no se han tomado las medidas correspondientes. No es un problema de una administración determinada, por sus faltas o por su planeación, sino por un problema nacional de política general de financiamiento”.
Ante esa situación, dijo que las universidades se ven forzadas a implementar medidas para tratar de paliar el déficit financiero, aunque el problema de fondo es estructural y tiene que ver con el financiamiento que tiende a reducirse.
Desde su punto de vista, resolver ese problema es cuestión de voluntad política y de toma de decisiones en el Gobierno Federal, pero las universidades no son una prioridad y por lo tanto
Didriksson Takayanagui reiteró la necesidad de una política integral de atención a la universidad pública, pues en los últimos 10 años se ha privatizado el 60 por ciento del total de las instituciones de educación superior en América Latina, lo que muestra que “están transformando las universidades de una forma negativa y ahorcar a las universidades como ocurre en México es terrible. Debería haber una política mucho más seria y asumir que hay una responsabilidad del Estado frente a esta crisis financiera deficitaria”.
“Afortunadamente tenemos países como Uruguay, Bolivia, Ecuador y otros como Brasil o Argentina que tuvieron el arraigo de gobiernos democráticos mucho más participativos y ciudadanos y donde lo público todavía sigue siendo vital, pero en otros países avanza la privatización de una manera impresionante, como aquí en México”, añadió.
Por su parte, Freddy Javier Álvarez González, rector de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador, opinó que el desafío de la universidad pública, en el contexto de la aplicación de políticas neoliberales, es “reafirmar a la educación como un derecho humano y un bien público”.
Además, dijo que esos preceptos deben acompañarse por “una afirmación de la universidad latinoamericana como una universidad de excelencia también, que no necesariamente sea antagónica con el derecho a la educación pública y gratuita”.
Indicó que las universidades más importantes en Latinoamérica son públicas, mientras que en Ecuador ha habido avances importantes “en la ruptura con todos los efectos que el neoliberalismo había provocado en la universidad”.
“Las nuevas políticas de derecha a nivel mundial están enfocándose en la universidad como un lugar que hay que atacar precisamente porque sigue siendo el lugar donde el pensamiento crítico se fecunda. Sin embargo, es importante que las universidades entren en una discusión sobre cuál es la universidad para el siglo 21”, concluyó Álvarez González.
