Hace unos días, el alcalde de san Juan Chamula, en Chiapas, fue asesinado en una trifulca entre militantes del Partido Revolucionario Institucional y otros del Partido Verde Ecologista de México que discutían porque unos acusaban a los otros de que la entrega de apoyos se hacía discrecionalmente.
Aún falta aclarar muchos puntos del lamentable homicidio, y aunque las investigaciones se dirigen a que el asunto fue más planeado de lo que a simple vista parece, es de resaltarse que la muerte ocurriera mientras ocurría un conflicto originado por el debate en cuanto al uso de recursos públicos.
No pretendo decir con esto que sea admirable o positivo lo que ahí ocurrió, pero resulta interesante que el tema se haya discutido, y que hubiera atención ciudadana al manejo del recurso público.
Esto contrasta con la actitud dominante en todo el país, donde las noticias negativas, suficientes para escandalizar a casi cualquier país pasan de largo ante la indiferencia generalizada.
Un ejemplo: contradiciendo lo dicho por Enrique Peña Nieto, hoy primero de agosto sube nuevamente el precio de la gasolina, que de golpe incrementa 56 centavos para llegar a 13.96 pesos (en el caso de la magna) convirtiéndose México en el país donde es más caro el combustible, con el agravante de tratarse de una nación con grandes yacimientos de petróleo.
Esto, además de significar un duro descalabro (más) a la economía de muchos simples mortales, desatará también una previsible ola de aumento de precios en muchos productos, varios de los cuales son de primera necesidad. Podría ocasionar incluso el incremento al costo del pasaje en el transporte público imprescindible para que miles de personas lleven a cabo sus actividades cotidianas.
Nada hemos sabido hacer los ciudadanos contra eso. Quienes promovieron los gasolinazos, han ganado una y otra vez nuevamente en las urnas sin importar cuan molestos estén los electorales por este asalto, y los gasolinazos siguen llegando sin más pudor que esperar unos días después de las elecciones para aplicarlo.
Exhibir la corrupción tampoco ha servido para que los gobiernos corruptos caigan, o siquiera para para que los candidatos de sucia trayectoria fracasen.
La corrupción es confesa en México. Enrique Peña Nieto solo atina a pedir disculpas ante la indignación que causó la compra de la Casa Blanca, y sin embargo no deja de perseguir a los periodistas que dejaron al descubierto el tráfico de influencias.
En otros casos, escuchamos que un candidato a presidente municipal espera la comprensión de los ciudadanos porque robó pero “solo poquito”, y lo peor, es que la consigue, pues vuelve a ganar en las urnas.
La gente justifica su voto por los atracadores diciendo que “todos roban, pero algunos saben cómo hacerlo” o “roba pero deja robar”, o bien diciendo que “roba pero comparte”.
En seguridad las cosas no están mejor. El mundo se admira de que una madre de familia tenga que implorar de rodillas frente al secretario de Gobernación que le ayuden a rescatar a su hija de un secuestro y lo que es… ¿peor o mejor?, luego de la escena dramática de súplica la jovencita es rescatada. ¿Es entonces una cuestión de voluntad, y no de ineptitud? ¿Qué es más grave, que no se quiera, o que no se pueda?
Zacatecas en ese tema está peor que nunca. De acuerdo a la organización Semáforo Delictivo, la entidad tiene el doble, el triple, e incluso el cuádruple de incidencia en delitos como el secuestro, homicidio, violación, robo de vehículos y extorsión, en comparación con los niveles nacionales; Estando entre los tres primero lugares en todos estos, en comparación con el resto del país.
Y sin embargo, los cuatro diputados federales de mayoría relativa, y 15 de los 18 distritos locales del mismo principio fueron ganados por los partidos integrantes de la coalición que ha gobernado en los años más violentos de Zacatecas. Y lo mismo sucede con el poder ejecutivo.
Y es que aunque es claro que esto en buena medida sucedió más por la compra de votos que por la simpatía popular, lo cierto es que quienes no comulgan con estos partidos no han logrado traducir su enojo en medidas efectivas para cambiar las cosas.
La incapacidad de pasar de la indignación, a la digna acción está relacionada intrínsecamente con la desinformación y el desinterés de lo público que permea en la mayor parte de la ciudadanía, más preocupada por su día a día, y por resolver lo urgente, de tal suerte que lo importante se ha dejado para después, o peor aún, para los otros, para que lo resuelva alguien más.
El freno a esta situación no vendrá de la clase política, y pensar que con dejar de interesarnos en lo que los políticos hacen o dejan de hacer, en los candidatos que imponen (o proponen), en las cuentas que dan o no dan, les estamos castigando, es tan ingenuo como pensar que un ladrón que no es observado deja de robar. ■
