■ En México y el mundo se necesita que autoridades cumplan la ley en la materia: Domínguez
■ “Se necesita voluntad política de gobiernos e instituciones para actuar y erradicar esta práctica”
Para un funcionamiento eficiente del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura se requiere autonomía presupuestal y de gestión, además del cumplimento de la ley por parte de las autoridades de todos los niveles de gobierno y en todos los países.
Éstas fueron las conclusiones principales del primer Encuentro Internacional de Mecanismos Nacionales de Prevención Contra la Tortura llevado a cabo en Zacatecas en días pasados, expuso la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEZ), María de la Luz Domínguez Campos.
Comentó que, al igual que las recomendaciones de las comisiones de Derechos Humanos en el país, las observaciones y llamados emitidos por el mecanismo existente en México y los del resto del mundo no son vinculantes, por lo que se necesita voluntad política de los gobiernos e instituciones involucradas en casos de tortura para reconocer y actuar para erradicar estas prácticas.
Sin embargo resaltó que, más allá de esa voluntad, “lo que debe existir en este país y en los demás países es el cumplimiento de la ley y de las normas jurídicas vigentes que permiten que ese tipo de prácticas no se realicen”.
Tanto las convenciones internacionales como las leyes nacionales, empezando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expuso Domínguez Campos, prohíben la tortura.
“Establecen de manera puntual que no puede ejercerse tortura, tratos crueles e inhumanos en contra de las personas que están detenidas o que están llevando un proceso penal y que, por el contrario, debe de garantizarse el cumplimiento de las garantías y del debido proceso”, expuso.
Además de las degradaciones y el daño causado a las víctimas y sus familias, la ombudsman zacatecana apuntó que la consecución de estas prácticas afecta al proceso judicial que se pueda estar llevando en contra de las personas torturadas, lo que abona a la impunidad.
Por ello, concluyó, “sí es importante que esas recomendaciones sean acatadas a cabalidad por todas las autoridades tanto federales, estatales y municipales. Y lo que se requiere es que las propias autoridades vayan cambiando sus actuaciones y que vayan encaminadas al cumplimiento irrestricto de la propia ley”.
Para el acatamiento de las recomendaciones que haga el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura en México y en el resto del mundo, agregó que se necesita que estas instancias tengan “autoridad moral”, es decir, que cuenten con la confianza de la ciudadanía para que realmente puedan incidir en la erradicación de estas actitudes por parte de las autoridades correspondientes, que son las del ámbito de la seguridad y la procuración de justicia.
En relación a la autonomía presupuestal, la presidenta de la CDHEZ refirió que el recurso del mecanismo en el país debe gestionarse directamente en la Cámara de Diputados federal.
Aun así, sostuvo que en México, al ser una institución que depende de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuenta con ciertos recursos económicos para su operación y consideró que ha actuado dando resultados.
