El periodo de campañas electorales es un tiempo en el cual ocurren diversas formas de preparación de las condiciones para el ejercicio de la corrupción. Durante el proceso en que se juntan voluntades para ser electo, los candidatos generan compromisos con aquellos que pueden aportarles votos, de manera directa (líderes de organizaciones) o indirecta (dueños de dinero). Al llegar al puesto deseado se dedican a pagar los compromisos con el manejo del recurso público. Y los ejemplos son de lo más variado: comprometen la obra pública, permisos de comercio o eventos, contratación de personal, dirigen obras estratégicas al beneficio de particulares (como carreteras o programas de riego), omisión en la aplicación de la ley, etcétera.
Lo importante es hacer notar que tanto los recursos como los fines de la política pública quedan subordinados a intereses particulares. Es decir, lo público al servicio de ciertos beneficios privados es justo la definición de Corrupción. En suma, los procesos electorales es el momento clave donde se hacen los pactos de corrupción que en el futuro cercano se realizarán. Los capos compran su protección donando dinero a la campaña de candidatos a gobernador, así como las empresas transnacionales de energéticos pudieron apoyar la campaña presidencial. En los municipios, guardando la proporción, sucede lo mismo: los caciques locales o los criminales de la región aparecen como mecenas electorales.
Una manera de atenuar esta conducta, donde los poderes fácticos gobiernan realmente, es exigir a los candidatos expongan en público su declaración patrimonial, de intereses y fiscal. Es una manera de abrir la posibilidad de que, si falsean la información, alguien tenga elementos para exhibirlo. Esto es, con las declaraciones no sólo informan de su decoro, sino que se exponen al escrutinio público, a la averiguación sobre su riqueza, sus contactos y su conducta ante el fisco. Las propias declaraciones dan elementos para iniciar investigaciones. Por ello, además de la obligación de realizar las declaraciones, requerimos asegurar prensa libre y estimular la existencia de grupos de periodismo de investigación para poner en práctica la posibilidad de averiguar la veracidad de dichas declaraciones. Porque es claro que las declaraciones por sí mismas no surten el efecto deseado, lo hacen cuando se convierten en motivo de arranque de un proceso de investigación y verificación de lo declarado. En otras palabras: estar ente la posibilidad de ser investigado es lo realmente disuasorio de la medida anticorrupción.
Ahora que avanza la propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida por una de sus partes (3 de 3), es necesario que se ponga especial atención en su concreción en los territorios estatales y locales, específicamente en su competencia de impactar los procesos electorales. Mientras eso avanza, los ciudadanos deberán exigir a los candidatos que participan en elección que se realizará en junio próximo, la publicación de sus 3 declaraciones y exponerse a la mirada pública. Una condición inicial para votarlos deberá ser que declaren. Sin la exigencia ciudadana la democracia no se realiza.
