México, DF. Amnistía Internacional insistió en que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto realice una “investigación exhaustiva e imparcial” del caso Tlatlaya, que garantice llevar a la justicia todas las personas implicadas, incluyendo a los mandos militares implicados en los hechos.
A un año de los hechos ocurridos en esa comunidad del estado de México, donde murieron 22 civiles a manos de elementos del Ejército mexicano, la organización de derechos humanos señaló que ante la muerte de estas personas, es fundamental que todos los elementos militares que tengan responsabilidad, incluso por cadena de mando, sean llevados ante la justicia y que se investigue cualquier responsabilidad en que hayan incurrido otros funcionarios públicos durante la deficiente investigación de estos hechos.
El director ejecutivo de AI México, Perseo Quiroz, recordó al Estado mexicano que el mantenimiento del orden público no debe ser un pretexto para violar los derechos humanos. En este sentido, dijo que el uso de la fuerza debe ser limitado a criterios de proporcionalidad, y sólo en casos de absoluta necesidad como señalan las normas internacionales de derechos humanos; obligación que en el marco de su fallida estrategia militarizada en contra de la delincuencia organizada el Estado recurrentemente ha ignorado.
“Es fundamental que las víctimas del caso Tlatlaya y sus familiares, así como la sociedad en su conjunto, conozcan la verdad de los hechos a través de una investigación seria e imparcial, y que se otorgue una reparación integral que incluya medidas concretas para que este tipo de hechos no se repitan”, señaló en un comunicado de AI México.
Además, reiteró su llamado al Estado mexicano a evitar que las Fuerzas Armadas desempeñen funciones policiales —como detenciones, investigaciones e interrogatorios— debido a que sus miembros carecen de la capacitación adecuada y no rinden cuentas por sus actos. De manera inmediata, se debe garantizar que las Fuerzas Armadas desplegadas actúen bajo el estricto control de las autoridades civiles y que toda alegación de violaciones a los derechos humanos sea investigada de manera efectiva.
