■ Se habló con el docente y éste reconoció su conducta; deberá regresar a su trabajo: Ramírez
■ La respuesta de gobierno a la acción del profesor criminaliza la protesta, comenta
Felipe Ramírez Chávez, director del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), informó la suspensión de un procedimiento de sanción iniciado contra el maestro Arturo Limones Estevané, adscrito al plantel Roberto Cabral del Hoyo, a quien se le acusó de incitar a sus estudiantes a bloquear el bulevar Héroes de Chapultepec el 15 de octubre pasado, para sumarse a las manifestaciones de apoyo a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Según el director, la manifestación de los alumnos se realizó genuinamente, pero el comportamiento del docente “no fue adecuado”, ya que el mismo Contrato Colectivo de Trabajo prohíbe que los docentes “utilicen” o manipulen a los jóvenes.
Sin embargo, “al final hablamos con él y el asunto quedó resuelto totalmente. El contrato colectivo prevé que los maestros no pueden utilizar a los alumnos para ese tipo de manifestaciones, pero es un asunto que, después de platicar con él, se llega a acuerdos y reconoció su conducta”, expresó.
Luego de los acuerdos logrados con el docente el procedimiento contra el profesor se detuvo, su contrato no fue rescindido y por lo tanto podrá continuar con su labor docente sin problema.
Ramírez Chávez indicó que el procedimiento administrativo que se suspendió, había iniciado debido a que se demostró que influyó en los alumnos para que estos bloquearan el bulevar, pero al final se llegó al acuerdo de detener el proceso de sanción, ya que asumió el compromiso de continuar con su trabajo.
Previamente, se dio a conocer un comunicado sobre el caso mediante el cual se informó la rescisión de su contrato solamente por acompañar a los estudiantes en la manifestación realizada en octubre.
“El procedimiento administrativo es muy claro: al quedar probado que el profesor acompañó a los alumnos en dicha protesta fue motivo suficiente, según las autoridades escolares, para suspender el pago quincenal y las prestaciones devengadas como: aguinaldo, prima de antigüedad, etcétera”, expone.
El documento enviado también señala que “ésta es una grave violación a los Derechos Humanos pues, al manifestarse por la desaparición de los estudiantes normalistas, se le castiga y despide de su trabajo, (aunque se han presentado testigos y pruebas como videos, fotos, etc.) confirmando que la política de gobierno, en todos sus niveles, es criminalizar la protesta e intentar callar a aquellos que buscan una mejor condición de vida y un país donde exista una verdadera democracia; es un caso más de represión para las personas quienes exigen justicia”.
