■ Persisten los altos salarios y el cobro indebido de diversas prestaciones, asevera
■ Afirman que el Spauaz está abierto a una evaluación administrativa y académica
La presencia de asesores de la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública (Dgesu-SEP), en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) para evaluarla en el ámbito administrativo y académico, podría ayudar a evidenciar los excesos en que incurren los funcionarios de la Rectoría, entre ellos los altos salarios y el cobro indebido de diversas prestaciones.
Crecenciano Sánchez Pérez, secretario general del Sindicato de Personal Académico (Spauaz), afirmó que en la Máxima Casa de Estudios de la entidad “no tenemos cosas qué esconder. Los docentes, los trabajadores y los alumnos ahí están. Crecimos indebidamente y contratamos más personal del que requeríamos, pero está trabajando”, indicó Sánchez Pérez.
Respecto a esa evaluación que se realiza, expuso que el Spauaz tiene conocimiento de auditorías que ha realizado el gobierno estatal y federal en la Universidad, “pero no nos han dicho ni cuándo empezaron o si ya hay resultados, y no veo la razón por la que la autoridad de la Universidad nos oculte información”.
Reiteró la necesidad que el Rector Armando Silva Cháirez explique a detalle toda la información que ha entregado a la SEP, a lo que se comprometió con esa dependencia, y lo que ésta le ha solicitado a la Universidad para poder avanzar en la solución de la problemática.
Por su parte Pedro Martínez Arteaga, titular de la cartera de Asuntos Laborales en el Spauaz, manifestó que esa evaluación podría arrojar resultados sobre personas “que han administrado mal a la institución”.
Señaló entonces que el Spauaz está dispuesto a que se realice una evaluación administrativa y académica en la UAZ, y “la gente que no cumple el perfil, que no esté trabajando, que sea aviador o que tenga cuatro chambas, tiene que ser tratada como tal”.
Precisó que Gobierno Federal puede llevar a cabo esas evaluaciones pero sin entrometerse en aspectos de la autonomía universitaria, pero si es la Federación la que otorga el recurso, tiene el derecho de revisar en qué se utiliza.
En ese sentido, el funcionario sindical señaló que entre los funcionarios de la administración central hay salarios “exorbitantes” y primas de antigüedad de más de 600 mil pesos, de forma que esa evaluación podría obligarles a reducirse sus salarios.
“Qué bueno que esa información salga en esa evaluación. Bienvenida. El sindicato y muchos profesores no tenemos nada qué ocultar porque hemos dejado nuestro proyecto de vida en esta institución, y aquél que haya hecho las cosas mal, que sea sancionado por el instrumento federal”, dijo Martínez Arteaga.
