En 1990 como resultado de la exigencia ciudadana por elecciones auténticas y democráticas en el país se realizaron diversas reformas a la Constitución en materia electoral.
En ese entonces, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y ordenó la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), a fin de contar con una institución imparcial que diera certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales.
Hoy, después de dos procesos electorales presidenciales altamente cuestionados por su legalidad, el IFE se encuentra en crisis. El 30 de octubre concluyeron el periodo para el que fueron designados 4 de los 9 integrantes del Consejo General, quedando en funciones sólo 4 consejeros. Esta es la segunda ocasión que no hay relevos designados.
Esta situación no es más que la expresión de la falta de voluntad política del partido mayoritario y su empecinamiento de tener el control de los órganos electorales, proponiendo no sólo un número de consejeros en proporcionalidad a su fuerza electoral, sino eligiendo perfiles que respondan a los intereses de sus líderes.
Ante tal actitud hoy vivimos una crisis de nuestro sistema electoral, de desprestigio ante amplios sectores de la población.
Ha quedado demostrado que no basta con tener un diseño formal de democracia si las leyes no se cumplen o se interpretan a conveniencia para cubrir los fraudes electorales y evadir las atribuciones que se encomiendan.
La alternancia de 2000 no logró cavar la tumba del partido de Estado, el de la dictadura perfecta.
Esta dictadura hoy se expresa en resoluciones de la autoridad electoral que permiten rebasar topes de campaña y justificar, “bajo una ingeniería electoral genial”, que se compre el voto y se trafique con la necesidad de la gente.
Resoluciones ficción que ocasionaron que las autoridades se desvinculen de la sociedad por falta de credibilidad.
Es cierto que la relación de los partidos de oposición con los órganos electorales siempre ha sido compleja. Sin embargo, nunca antes la autoridad electoral se confrontó directamente a los partidos políticos como ocurrió cuando protegieron encuestadoras que sesgaron la percepción de la ciudadanía, defendieron errores insostenibles de dictámenes de gastos de campaña o tildaron de estrategia mediática la queja por el caso Monex.
Necesitamos un acuerdo político como en 1996, en el que los partidos se comprometan a nombrar ciudadanos capaces de recuperar la confianza de la ciudadanía y no operadores políticos o caciques de los órganos electorales partidarios.
Urge que este acuerdo contemple una nueva organización electoral del país y que haga nuestra democracia más barata, de ahí la propuesta del Partido de la Revolución Democrática de crear el Instituto Nacional de Elecciones (INE).
Pero mientras los acuerdos se dan para lograr la Reforma Política y más allá de la creación o no del INE, lo que en estos momentos está en el análisis es el nombramiento de los cinco consejeros electorales faltantes del IFE.
Este martes, en la Cámara de Diputados fue dada a conocer la lista de los 64 aspirantes a consejeros del IFE propuestos por las fracciones legislativas, entre los que se encuentran tres zacatecanos. El análisis ahora está en manos de los diputados
para designar a los cinco consejeros electorales.
La premura en los nombramientos es obvia, porque la falta de consejeros electorales ha provocado que en las comisiones del IFE no se ejecuten como se debe los programas de trabajo.
El PRD se reincorporó al análisis de la Reforma Política y existe consenso entre los tres partidos políticos que integran el Pacto por México para sacarla, pero aún sobre el debate de la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE) y sobre la desaparición de los órganos electorales en los estados lo que urge es la designación de los consejeros electorales.
Necesitamos tener ya un IFE completo, que pueda trabajar en tiempo y forma y que además sea imparcial, que genere confianza entre la ciudadanía y que garantice que sus resoluciones están apegadas a derecho.
En el IFE no puede cometerse el mismo error que se tuvo en Zacatecas, donde los diputados no garantizaron un proceso transparente con la emisión de una convocatoria abierta y pública, en la que pudieran participar los ciudadanos interesados y en igualdad de circunstancias. Aquí no hay otro camino que reponer el procedimiento.
Este hecho provocó la impugnación de los nombramientos de los seis consejeros generales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), que podrían ser revocados por la Sala Superior, como ya ha ocurrido en el país cuando se comprueba que éstos tienen relación o están vinculados con partidos políticos, grupos de interés o gobernantes.
Lo que pasó en esta entidad es un ejemplo más de la necesidad que existe de desaparecer los órganos electorales estatales para dar paso al INE, un solo órgano nacional que sea el responsable de organizar todas las elecciones en los niveles federal y estatal, para garantizar equidad, transparencia y ahorro de recursos. ■
*Representante del PRD ante el IFE
