En la novela 1984, de George Orwell, a la secretaría encargada de la guerra, se le llamaba Ministerio de la Paz; el Ministerio del Amor, era el encargado de los castigos y la tortura, el Ministerio de la Verdad era el encargado de manipular o destruir información incómoda para el gobierno. A esta forma tan peculiar de lenguaje Orwell le llamaba neolengua.
Como escrito en ese idioma, hace unos días la página de Facebook de Comunicación Social de Gobierno del Estado colocaba una imagen del mandatario sonriendo gentilmente a una mujer indígena, esto acompañado de una frase que rezaba: “Mi compromiso es con los zacatecanos, no con las mineras”.
El mensaje, que poco venía a cuento con la agenda pública de ese día, con las actividades del mandatario, o con alguna conmemoración especial, resultaba poco creíble, a la luz de lo acontecido en Salaverna en diciembre pasado y de la forma en la que se actuado en La Colorada. Pero además de esto, también parecía una afirmación poco pertinente y fuera de contexto.
Algunos se lo explicaron como una respuesta de dignidad y apoyo en contra de las mineras canadienses luego de que las autoridades de ese país, dejaran solo a México en la renegociación que está impulsando Donald Trump con respecto al Tratado de Libre Comercio.
Esto se ve poco probable, pues ni siquiera todas las mineras que operan en el estado son de origen canadiense, ni las declaraciones del mandatario tendrían el peso suficiente para significar algo en ese debate.
En todo caso, esa declaración tiene más posibilidades de entenderse como una manera de curarse en salud ante el enfrentamiento legal que se avecina entre Gobierno del Estado y las empresas mineras debido a la instauración del llamado Impuesto Ecológico, que tanto ha enojado a ese sector.
Aunque se advirtió desde diciembre, este impuesto no perjudicaría de forma significativa a las grandes empresas, pues por principio estaban exentas la extracción de metales, su principal actividad. Sin embargo, existe la pretensión de frenar este gravamen, a través de amparos y recursos legales y políticos; no ya por el costo financiero que este impuesto pueda significar para cada empresa, sino por el efecto que esto podría generar en otros estados de la República, en los que podría ocurrírseles una medida igual o similar, para tapar los boquetes en los erarios de todas las entidades.
Esta medida tributaria, muy probablemente se eche para atrás, y de ser así, esto significaría el tercer descalabro en la materia en tan solo unos meses, siendo el primero, el freno que puso el Sistema de Administración Tributaria al intento de empadronar forzosamente a los autos chocolate; el segundo, la necesidad de aplicar exenciones y descuentos en los impuesto y conceptos diversos relacionados con la propiedad de vehículos, pues aunque argumentaron que esas facilidades ya estaban contempladas, se anunciaron hasta que la presión social obligó a ellos, y hay ciudadanos que reportan haber pagado al principio de año sin que se les descontara lo anunciado.
Todos estos temas, los impuestos de las mineras o el que pagan los ciudadanos comunes, a lo que podría sumarse el incremento al impuesto hotelero, a la tarifa del agua, etcétera, han hecho sentir que no hay compromiso ni sensibilidad del gobernador para todos los que han visto perjudicada seriamente su economía por las condiciones nacionales e internacionales que son de todos sabidas.
Sin el menor atisbo de sensibilidad, o de tacto político, en el terreno local no se ha visto ninguna medida que palie los efectos de la devaluación del peso, o el desatamiento de la inflación que aumentó 50 veces más respecto al mismo periodo que el año pasado.
El mayor esfuerzo que se ha hecho en la materia, es la reducción del 20% en salarios y prestaciones de los funcionarios de más alto nivel, así como algunas paupérrimas medidas de austeridad que no resultan más que en el supuesto ahorro de 12 millones de pesos, apenas un 0.0004% del presupuesto estatal. Esto además, no se traduce en un beneficio directo al bolsillo del zacatecano.
Además de sentirse solos en esta coyuntura, distintos sectores sociales se encuentran hoy con la sensación de estar siendo agredidos o en víspera de estarlo, pues no ha habido temor ni olfato político que evite al gobierno estatal enemistarse con el ciudadano común que paga impuestos, el magisterio, los medios de comunicación, y la población general, todo bajo el gastado discurso de que se está poniendo orden, aunque no se les ha visto mover un dedo para castigar el desorden que argumentan haber encontrado.
A unos meses después de la elección, no parece haber a la vista un sector que pueda decir que los contratos que se firmaron están siendo respetados. Pocos muy pocos quedan de los que apenas hace medio año auguraban confiados que este sexenio era garantía.
Quizá es el desgaste normal del ejercicio de gobernar. El asunto es que no llegamos aún a los cinco meses, y ya se oyen por las calles las quejas que podrían esperarse acercándose al quinto año. ■
