El Presidente Andrés Manuel López Obrador está convencido de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) debe desaparecer.
Al menos esa es la orden que dio a las y los senadores de su partido y aliados, quienes al cumplirla, propiciaron que la Cámara Alta fuera tomada por la oposición para tratar de evitarlo.
Se buscaba que en esta sesión, que inició el jueves y continúa en suspenso, el Senado nombrara a un Consejero del INAI que le permitiera sesionar y resolver los más de 2,500 recursos de revisión que tienen pendientes en esa instancia para que dependencias públicas del Gobierno Federal den a conocer información que debe ser pública.
“Mi propuesta es que una de las instituciones que ya existen y crearon como fachada en el periodo neoliberal para encubrir actos de corrupción, tenga esa función y esos mil millones (de pesos) al año se utilicen para apoyar a la gente que lo necesita”, advirtió el Presidente de México, el 18 de abril, desde su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.
Después de esa orden presidencial, el morenista Alejandro Armenta, el jueves 27 de abril, subió a la gaceta parlamentaria una iniciativa para desaparecer al INAI y que sus atribuciones recayeran en la Secretaría de la Función Pública.
Para que usted se dé una idea, esa medida sería equivalente a que las elecciones en México volvieran a ser organizadas por la Secretaría de Gobernación y que, en caso de que, en unos comicios presidenciales fuera ganando un candidato opositor al partido hegemónico, ¡de repente se cayera el sistema electoral! Y mágicamente el candidato del oficialismo ganara. Sí, adivinó, eso más o menos ocurrió en 1988 en aquel fraude electoral que impidió que la izquierda arribara a la Presidencia de México con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y que se encubriera a Carlos Salinas de Gortari y todo lo que su triunfo desencadenó para el País.
Luego, ayer, desde Palacio Nacional, el Presidente de México reiteró su deseo de que desapareciera el INAI a unas horas de que concluya el periodo ordinario de sesiones.
“La propuesta es que esa institución pase a formar parte de la Auditoría Superior de la Federación (…), que la desaparezcan y que esa función pase a la Auditoría Superior de la Federación y se ahorren mil millones de pesos”, reiteró el Presidente, quien se reunió ante la crisis en el Senado con sus aliados en ese poder en Palacio Nacional.
La gestación del derecho a saber, en México, reconocido constitucionalmente e institucionalizado a través de un organismo autónomo e independiente al Poder Ejecutivo federal y a los Poderes Ejecutivos en los estados tiene 2 décadas, no como una concesión gubernamental, sino como una conquista ciudadana, como suele ocurrir con los derechos que debemos ejercer todas y todos.
Gracias al desarrollo de la cultura del acceso a la información como un derecho humano y ciudadano, en México, un país donde la corrupción se cimentó con la dictadura perfecta priísta de más de 70 años, los ciudadanos empezamos a conocer, por ejemplo, cosas tan “sencillas” como ¿cuánto gana el presidente de la República, un gobernador, los senadores, diputados locales o federales?… hasta hallazgos como la Casa Blanca del ex presidente Enrique Peña Nieto o el famoso toallagate, el gasto millonario y absurdo que Vicente Fox hizo comprando toallas de hasta 300 dólares la pieza que utilizaba mientras vivía en la residencia oficial “Los Pinos”, con dinero de todas y todos los mexicanos.
La cultura del acceso a la información permitió que periodistas como Ana Lilia Pérez documentaran el saqueo al que fue sometido PEMEX y acabar con el mito de que ésta es “de todos los mexicanos”.
O que se supiéramos la trama en la que, por medio de empresas fantasmas, en las que se vieron involucradas 11 dependencias del gobierno de Enrique Peña Nieto, se realizara un saqueo de 7 mil 600 millones de pesos de acuerdo con lo documentado por periodistas del portal de noticias Animal Político y también de esta casa editorial, La Jornada Zacatecas, delitos, que, por cierto, siguen impunes.
Pero no sólo el derecho a la información también permite a las y los ciudadanos tomar mejores decisiones respecto a lo público.
Blanca Lilia Ibarra, consejera presidenta del INAI, recordó que, a 20 años de la creación del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información, hoy INAI, se han presentado un total de 8 millones de solicitudes de información.
Y que hoy la inoperatividad señaló que, a falta de nombramiento de los 3 nuevos consejeros y consejeras que le corresponden al Senado, en este momento el INAI tiene más de 2,500 recursos de revisión listos para ser discutidos en el pleno pero que no se han podido resolver por la falta de las y los consejeros que por ley debieron ser nombrados.
A sus 20 años de creación el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), ahora INAI, ha recibido más de 8 millones de solicitudes de acceso a la información.
Ojalá que un “Detente”, como los que presume usar el Presidente ante las fuertes calamidades como la pandemia de Covid-19, permitan que el INAI se detenga la intención de eliminarlo, las próximas horas serán cruciales.
