Recientemente, Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks han publicado, en su quinta edición, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), cuya primera publicación data de 2019, y que valora la capacidad de los estados latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción. Y no trae las mejores noticias al respecto. Baste decir que, en la región, la puntuación cayó en diez de los quince países estudiados, entre ellos México, que a pesar de mantenerse en el penoso lugar número 12, redujo sus puntuaciones en diversos aspectos.
Parte del problema parte de la agenda pública misma: aunque la corrupción se mantiene como una preocupación permanente, entre los consultados para el estudio, otros temas van ganando terreno: la violencia, la recuperación económica, e incluso las libertades democráticas. Todo ello está relacionado con la corrupción, si la entendemos como un fenómeno que limita las capacidades institucionales del Estado y las reglas del mercado. En el primer caso nos encontramos ante el efecto perverso de la corrupción y la impunidad para la consolidación del Estado de Derecho. En el segundo, ante el dique invisible, pero insorteable, que representa la corrupción para el desarrollo económico y el crecimiento. Sin estos dos elementos, Estado de Derecho sólido y oportunidades para el desarrollo económico, la idea y concepto mismo de democracia no tiene sentido, ni siquiera posibilidad.
El resultado, sin embargo, de esta dinámica de agenda pública, es, en palabras del propio estudio: “un entorno anticorrupción que en muchos países está menos activo y movilizado que en años anteriores. En general, los retrocesos no han sido dramáticos en comparación con 2022, sino que reflejan una erosión continua que lleva años desarrollándose”.
El Índice, como lo indica en su propia presentación, evalúa y clasifica a los países no debido a los niveles percibidos de corrupción, sino “en función de la eficacia con la que combaten la corrupción. Se considera que los países con una puntuación más alta tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados. La impunidad continua es más probable en los países situados en el extremo inferior de la escala”.
Para el caso mexicano, el estudio revela el impacto que ha tenido la confrontación entre la prensa mexicana y el presidente de la República, así como la situación que han vivido el Instituto Nacional Electoral en el pasado reciente, y en la actualidad, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como el caso de denuncias por presuntos actos de corrupción en SEGALMEX. Aunque habrá que decirlo, los números no han presentado nunca una mejora desde que el estudio comenzó a medir los factores que impactan en forma de indicadores a los resultados del estudio. Y, sin embargo, habría que decir que en general la región latinoamericana se enfrenta a una situación en la que, inclusive los países que encabezan la lista, sufrieron retrocesos, como los casos de Uruguay, Costa Rica y Chile.
Los latinoamericanos debemos asumir que, en tanto no mejoremos nuestras capacidades institucionales para detectar, castigar y prevenir la corrupción, las aspiraciones de convivir en un ambiente democrático, en el sentido más amplio de su significado, seguirán siendo utopías. Atendamos al objetivo mismo del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción: no nos avergonzamos, vayamos a un debate amplio, serio, responsable y transparente sobre lo que nos toca hacer para mejorar nuestras capacidades contra la corrupción y la impunidad.
@CarlosETorres_
