Hace quince años, especialistas en planificación urbana y turística alertaron a las instancias oficiales sobre la necesidad de parar el crecimiento hotelero de Cancún, Quintana Roo, por estar sobresaturado. Era urgente, dijeron, consolidar lo existente, atender de preferencia las necesidades de la población (la mayoría pobre), poner orden en la franja costera y los servicios vinculados con el turismo, atacar la contaminación, mejorar los servicios públicos básicos (agua, drenaje, salud y transporte) y establecer políticas de desarrollo sociocultural para contrarrestar la delincuencia. Ninguna autoridad hizo caso. Por el contrario, se alentó desde el gobierno más crecimiento hotelero y urbano sin planeación alguna. La especulación inmobiliaria se impulsó modificando el uso y densidad del suelo para dar paso a nuevos desarrollos, hoteles y condominios de gran altura. Desde el fondo federal destinado a alentar el turismo se hicieron negocios inmobiliarios y venta de terrenos que agravaron la situación. Paralelamente, la corrupción creció exponencialmente.
Hace unos días, un grupo de trabajadores municipales de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, ingresó al Malecón Tajamar con maquinaria pesada, taló el manglar y rellenó los humedales. De acuerdo con denuncias del colectivo Guardianes del Manglar Cancún, el hecho se produjo con la complicidad del alcalde de esa localidad, Paul Michell Carrillo, y autoridades del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), empresa estatal que previamente había allanado casi la mitad de los humedales, como parte de la construcción de un complejo hotelero en esa zona turística, que bordea la laguna Nichupté. Las justificaciones legalistas emitidas por las autoridades dejan de lado la brecha que persiste en nuestro país entre la formalidad institucional y la realidad, así como las irregularidades que suelen acompañar el otorgamiento de permisos de este tipo. Que esa defensa provenga de una dependencia supuestamente dedicada a proteger el medioambiente, como la Semarnat, es indicativo del extravío que padece la clase política dominante del país respecto del cumplimiento de sus responsabilidades más elementales.
Desde un punto de vista más general, lo ocurrido en Cancún hace una semana, y los graves hechos denunciados contra varias empresas mineras en varios puntos del país, son muestras evidentes de las consecuencias de la aplicación en México de una política oficial en materia ambiental que subordina la protección de los ecosistemas a los intereses comerciales e industriales privados, tanto nacionales como foráneos. Desde hace décadas, las sucesivas administraciones del ciclo neoliberal han adoptado la aplicación de legislaciones laxas en materia ambiental, como una de las supuestas ventajas comparativas del país para competir en el mercado internacional, y han concedido con ello un amplio margen de maniobra a la devastación ambiental. Todo indica que los gobernantes neoliberales de México no asumen la gravedad de la crisis ambiental del mundo y se mantienen firmes en la aplicación de una normatividad laxa y permisiva como un elemento necesario para atraer inversionistas extranjeros. Hasta que los mexicanos decidan relevarlos.
