■ Vecinos y ciudadanos se quejaron que las fincas se derrumbaron porque no obtuvieron el permiso para restaurarlas derivado de los vacíos que existen en la actual ley
“La Junta de Monumentos es la responsable del colapso de cientos de casas” de acuerdo con la legisladora local por Morena, Alma Dávila Luévano, por tal motivo en días pasados presentó ante el pleno de la 63 Legislatura una Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas.
El surgimiento de la Junta de Monumentos se dio en un entorno histórico en el que las condiciones económicas de la ciudad y el estado eran por demás precarias, y en el que gracias a la falta de inversión de capital económico, gran parte del legado cultural y patrimonial de la ciudad de Zacatecas, como de otras municipalidades de gran herencia cultural, se lograron preservar, recordó la legisladora, siendo responsabilidad de los zacatecanos, consideró la morenista, vigilar, preservar y conservar la riqueza patrimonial, cultural, arquitectónica y artística que alberga la entidad federativa, “con un gran celo profesional”.
Desde 1965 hasta 2013, precisó, la Ley expedida para la Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, en su artículo 4º describía “La Junta es un organismo descentralizado por razón de servicio, dependiente del Ejecutivo del estado, y estará integrado por tres vocales, uno de los cuales será presidente de la misma, que deberán ser personas entendidas en urbanismo, arquitectura y arte”, estructurado para garantizar la defensa del patrimonio edificado, con suma especialización.
No obstante, es a partir de diciembre de 2013 con la entrada en vigor de la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas, en la cual, al mismo tiempo pasó su funcionamiento e independencia institucional como un Organismo Público Descentralizado (OPD), cuando se establece en su artículo, que “El Pleno operativo es el órgano especializado para las determinaciones en los asuntos de la competencia de la Junta y estará integrado por el Director General y dos vocales, que deberán ser personas entendidas en urbanismo, arquitectura, arte, historia, estética, antropología y con experiencia en protección del patrimonio cultural”.
Consecuente con esto, es que para la diputada, toda persona o profesionista que actualmente se desempeñe o pretenda prestar sus servicios remunerados y no remunerados, debe contar con un amplio sentido de pertenencia sobre el conocimiento, la acreditación documental y experiencia en el tema de urbanismo, arquitectura, arte, historia, estética, antropología y experiencia en la protección del patrimonio cultural.
Sin embargo, esto es materia de análisis y estudio, ya que esa primigenia herencia, obliga a estar en una constante actualización y vigilancia con la finalidad de adecuarlo, por lo que es pertinente que su pleno operativo, constituido por un titular y dos vocales, sean renovados constantemente y no se consoliden como vitalicios, pero además, procurar que los citados cargos tengan un alto grado de profesionalismo, con los perfiles adecuados a las necesidades de la protección del patrimonio cultural. Con ello, se asegura la conservación del pasado histórico y cultural, además de adecuar las acciones y necesidades actuales con el conveniente respeto a la historia de cada lugar y cada sitio patrimonial del estado.
“Es inminentemente necesaria la intervención de esta Soberanía con la presente propuesta de reforma, ya que debe dotarse a la Junta de Monumentos de herramientas jurídicas para exigir que en sus procesos de contratación, se privilegie la experiencia y profesionalismo, sin dejar de considerar el servicio civil de carrera, el desempeño académico y perfil profesional de quienes actualmente se desempeñan en el organismo, así como de aquellas personas que en lo futuro se integrarán”, aseveró.
Por lo que propuso las modificaciones para derogar el término “restauración” de la redacción vigente; se modifique la redacción de los términos correspondientes a las personas titulares de la Dirección General así como de Gobierno del Estado, para incluir un lenguaje de género incluyente; para que las personas que ocupen las Vocalías no deberán pertenecer al mismo género, y así como se adicionan criterios para la profesionalización de dichas Vocalías, con el fin de asegurar que quienes las integran, garanticen conocimientos técnicos, académicos y profesionales en la materia.
Por último, en el artículo 34 en cuanto a los requisitos de la declaratoria, se precisa que deberán garantizar la preservación de los criterios de identidad y autenticidad del sitio, para que con ello, la manifestación de patrimonio inmaterial respete el sentido social y cultural de la misma.
El que los vocales no tengan los perfiles, aseguró además a través de su red social Facebook la diputada Alma Dávila, ha originado que el colapso de cientos de casas, ya que, según queja de vecinos y ciudadanos, las fincas se fueron derrumbando porque no obtuvieron el permiso para restaurarlas derivado de los vacíos que existen en la actual ley, por lo que se contabilizan actualmente, alrededor de 500 casas dañadas.
