■ Número mayúsculo de anomalías está en jefaturas de operaciones y en área operativa: Acosta
■ No somos un órgano resarcitorio, ese dato no lo manejamos en esta dependencia, afirma
De los 150 casos “firmes”, esto es, que han recibido alguna sanción por violar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas en lo que va de este sexenio, ninguno corresponde a funcionarios de primer nivel o mando medio, informó Ernesto Acosta Escalante, secretario de la Función Pública de Gobierno del Estado, quien precisó que la franja donde ocurren “un número mayúsculo” de las irregularidades se encuentra en las “jefaturas de operaciones y en el área operativa”.
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos “no hace distingos y nosotros aquí cuando menos en esta parte que he recibido, no tenemos ninguna limitación a nivel jerárquico”, comentó.
Acosta Escalante no precisó cuáles son las dependencias, secretarías u órganos desconcentrados donde los ilícitos o las faltas administrativas son más recurrentes, pues consideró que no es importante como indicio para suponer que hubiera algún problema en el mando alto, medio o Dirección.
“La verdad que esta parte estadística no la manejamos porque atendemos al funcionario en forma individual. Es decir, independientemente de cuál sea la secretaría a la que esté asignado. No vemos que esa estadística pueda ser de utilidad”, sostuvo.
Las sanciones se tipifican y castigan por individuo, reiteró, independientemente de que su conducta pudiera provenir de una instrucción superior.
Este tipo de vigilancia observó, es compleja y “en este momento creemos que no ha sido necesario el que podamos ubicarla en función de alguna dependencia específica porque lamentable o benéficamente, se atiende específicamente por individuo”.
En tanto que la Secretaría de la Función Pública de Gobierno del Estado es un órgano de control y no está facultado para el resarcimiento del daño, Acosta Escalante también precisó que no puede ofrecer montos económicos respecto a lo que representan las irregularidades cometidas por los funcionarios públicos que desacatan la ley en la materia.
“Eso le corresponde a las instancias como es la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, nosotros lo único que hacemos es el manejo del individuo. Si incumplió con una norma le podemos sancionar, pero nosotros como órgano no somos un órgano resarcitorio. Ese dato no lo manejamos en esta dependencia”.
Durante esta administración, la SFP ha realizado aproximadamente 600 procedimientos de investigación sobre presuntas irregularidades enmarcadas en la citada ley, que han derivado en estas 150 sanciones que van del apercibimiento privado, al público, económicas, mediante trabajo comunitario, la inhabilitación temporal, o “por último el cese”.
Las irregularidades de las que proceden las sanciones, son entre otras, la omisión en presentar la declaración patrimonial, sobre la que precisó que de los 3 mil funcionarios obligados a hacerlo, 2 mil 950 lo hicieron en tiempo y forma, los otros, fueron sujetos de apercibimiento por haberla presentado extemporáneamente.
En la aplicación de las auditorías se ha encontrado asimismo que los funcionarios incumplen con algunas de sus responsabilidades, por ejemplo con sus programas de trabajo o asistencias a sus labores, otros son denunciados mediante quejas de la ciudadanía por maltrato, o bien refieren faltas fundamentalmente administrativas en que incurren respecto de la asignación de recursos, entre las que se encuentran los casos de “los comisionados para un viernes” que regresan un vehículo oficial el siguiente lunes.
El año 2015 y derivadas del Programa Centinela que vigila el que los funcionarios no utilicen vehículos oficiales fuera de sus encomiendas, procedieron también 20 sanciones.
Ernesto Acosta Escalante refirió asimismo dos denuncias penales “en puerta” por presunto delitos de abuso de confianza o desviación de fondos, y que involucran a administradores del programa migrante 3×1.
El funcionario fue insistente en su convocatoria a la ciudadanía para que ejerza “la cultura de la denuncia”, pues precisó, la Secretaría de la Función Pública no actúa de oficio. Al respecto aseguró que las denuncias y las quejas, sean anónimas o no, siguen el mismo trámite.
No obstante el llamado, el secretario también observó respecto de la confianza que la ciudadanía profesa a las autoridades y que incide en la citada cultura de la denuncia, “me queda claro que estamos muy bajos en ese proceso. Yo creo que no nada más en Zacatecas, es un problema natural que tenemos”.
Uno que refiere dos polos, el que la gente se abstiene de denunciar porque lo considera un trabajo perdido, ya que no se castiga a los responsables, o no lo hace “porque tiene miedo”.
La única manera de revertir esta situación, refrendó su postura, “es que lo sigan haciendo para poder demostrar que sí podemos hacer algo diferente. Mientras no tengamos eso, no podemos avanzar”.
