L os intereses privados de gobernantes federales están por encima del interés público de la nación. La perversión no puede ser más clara y expresa. Las cifras son contundentes: empresas que en los últimos años aumentan sus utilidades 500 por ciento y derraman impuestos importantes en sus países de origen (como Canadá), mientras en el lugar donde se extrae la riqueza dejan únicamente 8 centavos de dólar por cada mil dólares del valor de la producción. Además, el daño ecológico de la minería es brutal, tanto por la destrucción del suelo, como por el despojo del agua y la contaminación que llega al subsuelo, con efectos permanentes. Son como piratas postmodernos: las mineras llegan con enormes apoyos de instituciones financieras, resguardos legales y protección de la clase política local comprada con cañonazos de billetes verdes que inundan sus bolsillos. El poder corruptor de esas empresas sólo es comparable con el crimen organizado. Y de alguna manera lo es: sólo que es un crimen organizado legalmente reconocido, pero igualmente letal. Devastan el capital natural de países completos, dejan en estado de abandono los territorios una vez que succionan su riqueza, y no contribuyen en nada al desarrollo de los lugares de donde se hacen inmensamente ricos.
El caso que nos ocupa es paradigmático. Se establece un impuesto ecológico para hacer pagar a las mineras un poco de lo que se llevan (y sólo un poco). Con mayúsculo cinismo se niegan a pagar aventando por delante a un corrupto líder de un sindicato de mineros que sale a defender el interés de los dueños del capital. Se amparan. Pero ahora, el cinismo y la indignidad llegan a su límite con la intervención de la Presidencia de la República que sale también en defensa de los abusivos capitales mineros, y que busca una sentencia que los proteja de intentos semejantes en todas las entidades. El gobierno federal se porta poco menos que como lacayo de los piratas de la minería al litigar directamente en contra de los intereses públicos del estado de Zacatecas. Una muestra de que las autoridades federales están favoreciendo indiscriminadamente a las grandes empresas mineras (aun contra las medianas y pequeñas, que son nacionales) son los datos que ofrece la ASF: en 2015 las grandes compañías acapararon el 73 por ciento de la explotación de minerales del país, en tanto que las medianas el 18 y las pequeñas sólo el 8 por ciento. Los permisos y los créditos fueron dirigidos a estas grandes compañías, que lo grave está que a estas mineras da más crédito que lo que recauda por explotación. ¡Alucinante! Pero se explica porque la ganancia individual de actores clave del Gobierno Federal son enormes sumas en ‘moches’ a costa del interés público del pueblo de Zacatecas y de todo el país. Esto confirma el duro diagnóstico de algunos sociólogos mexicanos: el Estado en manos de los poderes fácticos. Y mientras eso no se corte, el hundimiento del país continuará. No diremos que la iglesia está en manos de Lutero, sino algo peor, el gobierno de nuestro país en manos de piratas trasnacionales. Es un antecedente histórico: el gobierno federal litigando contra los intereses de Zacatecas.
