Como mamá, tengo guardados los dientecitos de mis niños. Como maestra, recuerdo a mis alumnitos de preescolar mostrándome un diente flojo o llegando felices porque se les había caído y esa noche los visitaría el ratoncito. Hablar de dientes infantiles me lleva a esas sonrisas incompletas, a la ternura y al nervio de los primeros cambios, a la esperanza de verlos crecer.
Por eso duele tanto leer la denuncia sobre alrededor de mil 600 piezas dentales presuntamente infantiles en Zacapu, Michoacán. Cuesta relacionar aquello que una guarda con amor con la posibilidad de una historia de violencia, maltrato y possible infanticidio.
La información difundida estos días corresponde a una denuncia de la buscadora Margarita López Pérez, quien sitúa los hallazgos desde 2021. La Fiscalía de Michoacán informó el 24 de septiembre que no tiene registro de esas piezas. Según la Universidad Iberoamericana, no existe confirmación oficial ni pericial pública sobre su origen y características. Es una denuncia que exige un esclarecimiento real.
La cantidad de dientes tampoco permite establecer, por sí sola, cuántas personas estarían involucradas, sus edades o qué les ocurrió. No acredita homicidios, explotación sexual ni tráfico de órganos. Hacen falta peritajes, documentación y explicaciones verificables. ¿Quién recibió los indicios? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué se ha investigado?
Más allá de este caso, la desaparición de la niñez tiene dimensiones documentadas. REDIM, con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas al 8 de junio de 2026, contabilizó 126 mil 524 registros acumulados de personas de cero a 17 años, incluyendo a quienes posteriormente fueron localizadas. De ese universo, 18 mil 104 continuaban desaparecidas o no localizadas. Durante 2025 se registraron, en promedio, 31 reportes diarios.
Al mismo corte, mil 297 niñas, niños y adolescentes habían sido encontrados sin vida. Aunque 85.7 por ciento de los casos acumulados correspondía a personas localizadas, encontrar a alguien no permite suponer que regresó sin daños. Siete de cada diez personas menores de edad que seguían desaparecidas tenían entre 12 y 17 años; sin embargo, los registros incluyen la primera infancia, desde el primer año de vida.
Hay que nombrar a los lactantes. Un bebé depende de otras personas para alimentarse, desplazarse y sobrevivir, tampoco puede explicar quién lo llevó o pedir ayuda. Su búsqueda exige considerar esa dependencia absoluta.
La desaparición abre una cadena de posibles violencias que debe investigarse: captación, traslado, ocultamiento, explotación o reclutamiento. Ninguna hipótesis sustituye la evidencia ni la respuesta institucional que debe empezar de inmediato. El artículo 7 de la ley ordena abrir una carpeta y emprender una búsqueda especializada y diferenciada ante cualquier noticia, reporte o denuncia de desaparición de una persona menor de edad.
Buscar implica coordinar instituciones, preservar indicios y seguir líneas de investigación; localizar exige verificar la identidad y garantizar protección. Cuando aparecen restos, la identificación científica y la comunicación digna con las familias son indispensables.
Las autoridades de México tienen que esclarecer la denuncia de Zacapu y buscar a cada niña y niño desaparecido con la misma urgencia. El derecho de la niñez a vivir protegida exige prevención, búsqueda, verdad y justicia. Una infancia protegida se reconoce en las vidas que puede cuidar y preservar.
