El Senado de la República aprobó este martes, con 86 votos a favor y 42 en contra, la reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La modificación de los artículos 82, 116 y 122 dispone que quien tenga otra nacionalidad deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato. Durante el ejercicio del cargo tampoco podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de otro Estado.
La reforma todavía deberá ser aprobada por las legislaturas estatales para completar el procedimiento constitucional. Su aplicación está prevista a partir de 2028, por lo que no modificará las reglas de la elección de gobernador de Zacatecas de 2027.
Más allá del trámite legislativo, la modificación abre una discusión de fondo: ¿hasta dónde debe llegar la defensa de la soberanía nacional y dónde comienza el riesgo de convertir una condición jurídica —la doble nacionalidad— en una sospecha sobre la lealtad de millones de mexicanos?
La pregunta no es menor en un momento en que Washington ha incrementado su presión política sobre América Latina. La administración de Donald Trump ha expresado respaldo abierto a candidatos de derecha en distintos países y ha combinado presiones diplomáticas, económicas y de seguridad con una política que diversos actores latinoamericanos han denunciado como injerencista. En Brasil, a pocos días de las elecciones presidenciales del 4 de octubre, legisladores demócratas estadounidenses pidieron públicamente a Trump que no intervenga en el proceso electoral, mientras el propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha advertido sobre un posible respaldo de Washington a Flávio Bolsonaro.
No se trata solamente de discursos electorales. Washington ha planteado una política hemisférica que recupera explícitamente la idea de liderazgo estadounidense sobre América Latina y ha profundizado sus vínculos políticos, económicos y de seguridad con gobiernos afines.
En ese contexto, la preocupación por blindar los procesos políticos nacionales frente a intereses extranjeros tiene una dimensión que difícilmente puede ser ignorada. Un Presidente de la República o un gobernador no desempeña un cargo privado: representa al Estado mexicano y ejerce atribuciones soberanas.
Zacatecas es probablemente uno de los estados donde más claramente se observa la complejidad del problema. El Consejo Nacional de Población lo ubica en el primer lugar nacional en grado de intensidad migratoria, clasificado como “muy alto”. La migración zacatecana no es un fenómeno marginal ni una circunstancia individual: durante generaciones ha formado parte de la economía, de las familias, de las comunidades y de la identidad del estado. (
Y Zacatecas no solamente ha reconocido esa realidad social. También fue pionero en llevarla a las instituciones. En 2004, el estado incorporó por primera vez la figura de los llamados diputados migrantes o binacionales. Aquel año tomaron posesión Román Cabral y Manuel de la Cruz como los primeros legisladores locales de esa naturaleza, representantes de la comunidad zacatecana radicada en Estados Unidos.
Hay, por tanto, una paradoja que el debate nacional no debería eludir. Por un lado, México necesita proteger su soberanía frente a cualquier intento de subordinación política a una potencia extranjera. Por otro, el propio Estado mexicano ha reconocido que la nación no termina en sus fronteras territoriales y que millones de mexicanos que viven fuera del país siguen formando parte de su vida política y social.
Tener dos nacionalidades no significa necesariamente tener dos lealtades. Pero pretender gobernar México mientras se conserva una ciudadanía extranjera sí plantea una pregunta legítima sobre los vínculos jurídicos que acompañan el ejercicio del poder.
La reforma opta por resolver esa tensión mediante una regla tajante: quien quiera ocupar los principales cargos ejecutivos deberá acreditar una nacionalidad mexicana exclusiva.
El debate, sin embargo, no debería terminar con la votación del Senado. Porque una cosa es establecer requisitos especiales para quienes aspiran a ejercer la soberanía del Estado y otra muy distinta es mirar con desconfianza a los mexicanos que emigraron, adquirieron otra nacionalidad y conservaron sus vínculos con México.
La primera puede ser una discusión constitucional sobre el ejercicio del poder. La segunda sería una injusticia histórica para comunidades que, incluso desde el extranjero, han sostenido durante décadas a sus pueblos de origen.
Zacatecas tendrá que mirar con especial atención esa frontera. El estado que abrió espacios de representación política a sus migrantes no puede convertirse ahora en laboratorio de exclusión. Pero tampoco puede ignorar que la geopolítica latinoamericana está cambiando y que la influencia de las grandes potencias vuelve a ocupar un lugar central en las disputas políticas de la región.
La soberanía no debería construirse contra los migrantes. El desafío será encontrar una fórmula que permita cerrar la puerta a la injerencia extranjera sin cerrar la puerta a los millones de mexicanos que viven fuera del territorio nacional.
Porque México puede exigir una sola nacionalidad a quien aspire a gobernarlo. Lo que no debería exigirle a quien emigró es que, para seguir siendo mexicano, tenga que dejar de pertenecer a la comunidad que lo vio nacer.
