Ahora que los ingresos del Estado han disminuido por la catastrófica caída de los precios del petróleo, se requiere ver de dónde se extraerá más dinero para cumplir con las obligaciones del gasto púbico. Todas las personas (físicas) que trabajan bajo el régimen de nómina, deben aportar casi la tercera parte de su salario, las empresas (personas morales) deben pagar el impuesto sobre la renta que puede llegar también al 30 por ciento de las ganancias. Sin embargo, las empresas mineras, que en su mayoría son extranjeras, a partir del llamado Régimen de Derechos, pagan impuestos que no llegan a 3 por ciento de las mismas. En México, desde 2005, el valor de la producción ha crecido en forma sostenida, y las utilidades son fantásticas. Si lo que se explota son recursos naturales de la nación, ¿por qué se favorece tanto a los industriales mineros que hacen fortuna con recursos que además no son renovables, y por lo mismo, están más valorizados? Así, en 2014 se aprobó que “(…) se implemente el derecho especial sobre minería a los titulares de las concesiones y asignaciones mineras por la producción de minerales y sustancias sujetos a la Ley Minera, aplicando una tasa de 7.5% a la diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva, las deducciones permitidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta (…) Adicionalmente, los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán anualmente el derecho extraordinario sobre minería, aplicando la tasa de 0.5% a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino”.
No solamente se trata de la extracción de recursos estratégicos no renovables del país, sino los costos ambientales, y esto último no está incluido en los cobros a la minería. Incluso, en el cálculo del PIB en las cuentas nacionales se ha incluido el cálculo de la depreciación ambiental que se debe restar al Producto Bruto; pero esto no se traslada a la política fiscal con las poderosas mineras que operan en México. Así las cosas, son tres elementos que deberían llevar a reconsiderar completamente el esquema de cobro de impuestos a la minería: que se trata de recursos de la nación, los costos ambientales y la aportación justa (sobre todo cuando el país está en emergencia financiera). El capital extractivo llega a países como el nuestro a explotar sus riquezas naturales y generar lo que algunos economistas han calificado de “la maldición de la riqueza o de la abundancia”, para dar cuenta de esta forma paradójica de países que al tener gran riqueza natural, justo por ello resultan expoliados. En el caso mexicano dejan pequeñas migajas financieras y enormes daños ambientales que alguien tendrá que pagar. Y las enormes necesidades para financiar el desarrollo social permanecen sin cubrir.
