Aunque las elecciones han pasado, es cierto que el proceso electoral no ha concluido. Al escribir esta participación editorial, aún quedaban pendientes resultados por definirse y el aún proceso de controversia electoral que pudiera suscitarse en varios casos, tanto a nivel federal, como en los estados. Lo que sí podemos apreciar ya, es una intensa jornada electoral, en el que la ciudadanía participó con entusiasmo. No fuimos pocos los que contamos cómo las filas para votar fueron largas, pero también fue generosa la paciencia de los votantes y aún más, la amabilidad y buen trato de los funcionarios de casilla.
A pesar de lo complejo de la etapa de campañas, en que las redes sociales se convirtieron en un foro, más que de información, de noticias falsas, ataques sin nombre y firma, y de que el discurso de muchos actores políticos contribuyó a un ambiente de polarización, conflicto y enfrentamiento, más que de confrontación de ideas y perfiles, el día de la votación, volvió a ser tomado por la ciudadanía como una fiesta cívica y el proceso marchó con cierta normalidad, en estos tiempos tan extraños de pandemia y demás factores.
Sin embargo, a pesar de la conducta ejemplar de la sociedad mexicana, nuestro deber ciudadano apenas comienza. La participación en las elecciones es apenas una primera parte de un largo, complejo y responsable proceso de constante vigilancia, involucramiento, corresponsabilidad y colaboración, de la sociedad para con el Estado y sus operadores, sean éstos, funcionarios, representantes o servidores públicos en general. De ellos, de su conducta, desempeño, resultados y del impacto y resultados de las decisiones públicas que tomen, siempre hay que mantenerse vigilantes. A nuestro entramado jurídico-institucional, aún le queda por avanzar en esta segunda etapa, una vez que se decidió quién decide, nos queda pendiente por construir el andamiaje normativo y gubernamental, que permita observar e incidir, en el cómo se decide y porque se decide en tal o cual sentido.
Muchos de los instrumentos y mecanismos ya están: hace falta articularlos y darle mayor protagonismo a la sociedad. La transparencia, por ejemplo, como medio para obtener información que permita pronunciarse y participar del quehacer político, público y administrativo. En algunas entidades, las autoridades electorales u otras de índole administrativa, en el propio Poder Ejecutivo, han desarrollado los espacios y las figuras pertinentes a la participación ciudadana. Ése es otro instrumento que, ligado a la transparencia, una incipiente cultura de la rendición de cuentas y la participación de instituciones no gubernamentales y académicas, pueden derivar en que nuestras comunidades se mantengan en un constante ejercicio deliberativo para la toma de decisiones, cada vez más públicas, más abiertas, más colectivas, más transparentes, más legítimas y más democráticas.
Este 6 de junio salimos a votar, decidimos y ahora nos toca hacernos cargo, junto a las y los elegidos, de la toma de decisiones, en colectivo, con participación social, transparencia, corresponsabilidad y voluntad política y colectiva, para continuar, que la cosa pública no se construye, ni se acaba en un día y en un acto, es tarea continúa, largo alcance y plazo. ■
@CarlosETorres_
