En justicia laboral sólo hay buenos deseos, no cambios

En justicia laboral sólo hay buenos deseos, no cambios

Justo en medio de la crisis múltiple del Covid-19, inicia el T-MEC el 1 de julio de 2020, como un compromiso comercial, industrial, financiero y de servicios de los tres países de América del Norte, muy desiguales en su desarrollo, y sin saber a qué nivel caerán sus respectivas economías, los desempleos, la salud y las vidas de sus poblaciones; peor aún, sin saber cuándo será controlada la pandemia y los rebrotes. Con crisis políticas en Estados Unidos (EU) y México: por discriminación y violencia en todos los ámbitos de EU y un presidente supra racista y, en México, por una derecha enemiga al cambio social, que anhela volver al pasado neoliberal: a favor de la oligarquía, la que no da la cara y lo hace a través de sus mercenarios, a los que paga.

Su antecedente el TLCAN de 1994 a 2019, no dejó gratos recuerdos, al contrario: bajos salarios, empleos, gasto social, crecimiento económico. El TLCAN fue un típico producto neoliberal, bajo el mandato del Consenso de Washington. Con gobiernos mexicanos sumisos que todo lo apostaron al “libre” mercado de los monopolios, incluidos el trabajo, sindicatos y la soberanía. El TLCAN no cumplió ninguna promesa social y popular de mejorar salarios, empleos etc. Los acuerdos paralelos ambiental y laboral fueron viles mentiras, ni una queja en esas materias progresó nunca en Canadá, EU y México.

Hoy se pretende un T-MEC mejor, en el que México reserva su política laboral y social para aplicarla sólo aquí, no trinacional. Sin embargo, será supervisado de modo trilateral su cumplimiento en base al capítulo 23 Laboral, anexo 23-A dedicado al tema sindical de México. Esa supervisión enfrentará dos retrasos brutales e históricos: el racismo laboral y social de EU y, de México, el sindicalismo charro y patronal, y la falta de justicia laboral. Ningún país puede ocultar esos atrasos y taras, contrarios a la democracia, justicia y autonomía sindical.

Aquí, el gran ausente del cambio de la 4T desde las elecciones de 2018, es la mayoría de las y los trabajadores en los actos de gobierno, ahí los representan la CTM y CATEM, los que menos lucharon y luchan por un sindicalismo independiente y democrático. Al revés: se oponen a él. O qué, ya se olvidó la venta de los contratos colectivos de trabajo (CCT) degradados a contratos de protección patronal (CCPP); se le olvidó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) qué sindicatos apoyaron a los gobiernos pasados y al PRI y PAN, que sirvieron sólo a los patrones y más a los grandes: la oligarquía. Olvidan a los trabajadores, justo quienes individualmente votaron por AMLO.

Desde la campaña electoral de AMLO en 2017 y 2018 no se invitó a las y los trabajadores a organizarse en sindicatos para el cambio, que fueran impulsados por ellos. Como ocurrió en 1934 y 1935, para lograr un cambio no solo sindical y laboral, sino en todos los ámbitos nacionales. Lázaro Cárdenas impulsó el cambio y apoyó abierto a los trabajadores los que a su vez, fueron el principal respaldo a su gobierno, ante el Jefe Máximo, Calles, la patronal de Monterrey, la patronal petrolera y gobiernos de EU y Gran Bretaña y la derecha neoporfirista.

Hoy el T-MEC propone una tarea fundamental a la que no se hace caso: la “Concientización Pública y Garantías Procesales” del art. 23.10 del Capítulo 23: “Cada País promoverá la conciencia pública de sus leyes laborales (…) asegurando que la información relacionada con sus leyes laborales y procedimientos para su aplicación y cumplimiento esté públicamente disponible.” “Que haya acceso apropiado a los tribunales para la aplicación de las leyes.” Y que los tribunales sean “Justos, equitativos y transparentes”. “Imparciales e independientes”.

Esto es lo que ha faltado realizar en México, la STPS apostó a que la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 2019, sería el motor del cambio, sin impulsar la concientización pública con la nueva LFT y dejó igual que antes la Junta Federal, la parte encargada de “la aplicación y cumplimiento” de la Ley. La Junta Federal y las Juntas estatales siguen sin cambios y con los mismos vicios, esperando años y años a que lleguen los nuevos e inciertos tribunales judiciales de la Suprema Corte.

El Art. 23.2 del Capítulo 23, señala: “Las Partes reconocen el importante papel de las organizaciones de trabajadores y empleadores en la protección de los derechos laborales.” Lo cual en el caso patronal nunca ha perdido, al contrario: aumentan su sobre representación territorial, por rama, nacional e internacional, en 36 años de neoliberalismo en que se apoderan del país. Con la patronal ha coincidido más la STPS en no hacer más reformas y dejar todo como antes.

En entrevista a Luisa Alcalde, al frente de la STPS, apuesta a que en noviembre de este año vendrá el cambio, cuando “se abran las puertas de los primeros tribunales laborales y de centros conciliatorios” y ni más ni menos que el cambio del sindicalismo mexicano. A la pregunta “¿El panorama laboral cumple con las demandas del T-MEC?, ella responde: “Sí, de hecho la reforma publicada el 1 de mayo del año pasado contempla los compromisos asumidos por México en el marco del T-MEC.” (El Heraldo de México. 20-VII-20).

Evidentemente, ella y sus asesores no alcanzan a ver la complejidad y dificultades de la realidad sindical y los tribunales. Ella carece de experiencia y vuelve a pensar que bastan los decretos para cambiar la realidad, los tribunales y hasta los centros de conciliación; piensa que se transitará a tribunales imparciales e independientes sin mayor esfuerzo y con el personal de antes; sin realizar la concientización pública y sin tener informados de sus derecho laborales y sindicales a quienes no lo están, que son la mayoría de los trabajadores.

¿Sabrá quiénes no están informados y concientizados y cómo llegar a ellos? Sabrá que el cambio en los tribunales y centros debe ser una labor diaria de revisión de los asuntos, de fiscalizar la honestidad del personal, de supervisar que la ley laboral se aplique a la letra, para que se pueda abrir el acceso a la justicia a quienes más la necesitan. Que la meta son centros y tribunales independientes, imparciales y justos. Lo que hasta ahora no tenemos, ni a lo podemos dar marcha atrás. ■

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