■ En realidad el aborto sólo es ilegal para las mujeres pobres: Manuella Libardi
Contrario a lo planteado en el Código Penal para el Estado de Zacatecas, diversas participantes de colectivas feministas en la entidad reconocen el aborto como un derecho fundamental de todas las mujeres, ya que se trata de elegir sobre sus cuerpos, de ahí que se exija la despenalización del aborto.
Como menciona Manuella Libardi, “la lucha política contra la legislación antiabortista es también una lucha de clases”, pues en realidad el aborto sólo es ilegal para las mujeres pobres, aquellas que no tienen el recurso suficiente para ir con un médico particular o para trasladarse a un lugar donde abortar sea legal, mientras tanto las mujeres con recursos siempre pueden interrumpir sus embarazos no deseados.
Tomando en cuenta un estudio realizado a lo largo de cinco años en Estados Unidos que vio la luz en 2018, basado en entrevistas a 813 mujeres se llegó a la conclusión de que las mujeres a quienes se les negó el derecho a tener un aborto tenían mayor probabilidad de encontrarse en situación de pobreza al cabo de seis meses, en comparación con mujeres que pudieron interrumpir el embarazo.
En el entendido de que las tasas más altas de aborto se encuentran en los países en vías de desarrollo, específicamente en América Latina, y las más bajas se encuentran en América del Norte y en Europa –donde el aborto es legal−, la legalización de la interrupción del embarazo se refleja como una opción viable, más considerando que restringir el acceso al aborto seguro mantiene a las mujeres pobres en la pobreza, perpetuando un ciclo que impide la movilidad social y permite que la riqueza permanezca en manos de los ricos, principalmente en manos de hombres blancos.
En este contexto, las colectivas aseguran saber que todo el aparato criminalizador que crea el Estado es otra forma de violencia dirigida a las mujeres, pues no permite a éstas decidir sobre sus cuerpos y/o vida bajo argumentos arcaicos y desinformados, y continúan mencionando que el Estado se ha pronunciado en contra de los derechos humanos de las mujeres en diversas ocasiones, en especial hablando del aborto, pues implica develar el origen de la opresión femenina, al considerar al cuerpo de la mujer únicamente como una máquina de reproducción condicionada al deseo de los hombres.
En cuanto a los casos de denuncias por aborto en Zacatecas, afirman que la Fiscalía General del Estado Zacatecas está actuando con la intención de criminalizar a las mujeres que deciden abortar, y les resulta inconcebible que haya mujeres sujetas a procesos judiciales por tomar decisiones sobre su cuerpo y la maternidad, así como sentir aberración porque en Zacatecas las acciones contra las mujeres se efectúen rápido y se jacten de ello, pero solapen crímenes reales.
Manifiestan que el hecho de que las denuncias se den por parte de hospitales o personal de salud, que tienen formación médica y deberían empatizar con los motivos por los cuales una persona necesita realizar un aborto, atienden primero a sus principios religiosos, morales o éticos para señalar a las “culpables”, sin considerar las cuestiones sociales, económicas o incluso médicas del embarazo.
A su vez, sostienen que el debate debe girar en torno a una discusión científica; se pide la legalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, cuando aún no hay dolor, pues las conexiones cerebrales todavía no existen, y en ese sentido no se habla de un bebé, sino de un feto; y al ser una discusión científica y laica, la iglesia no debería participar.
Manifiestan que los derechos humanos de las mujeres no deberían verse como una amenaza o un atentado al sistema, por lo que éste no debe luchar en contra de ellos y, mucho menos, castigar a las mujeres, en especial cuando es el mismo Estado fallido quien provoca la falta de educación sexual integral.
El problema de Zacatecas, reiteran, es que se trata de un estado conservador, abiertamente católico y, en últimos tiempos, enemigo declarado de las mujeres que luchan o deciden sobre ellas mismas, además aseguran que el Estado tiene que legislar a favor del aborto para avanzar en materia de equidad y, sobre todo, para disminuir las muertes de mujeres en abortos clandestinos.
