El Post-neoliberalismo (o posneoliberlaismo, como se prefiera escribir) en México se inscribe en la ruta latinoamericana de los países que han impulsado una lucha contra el neoliberalismo (Hugo Chávez y la “Revolución Bolivariana” en Venezuela; Evo Morales y el “Movimiento Al Socialismo” (MAS) en Bolivia; Rafael Correa y la “Revolución Ciudadana” en Ecuador; Néstor y Cristina Kirchner en Argentina; Lula Da Silva y Dilma Roussef y el “Partido de los Trabajadores”, en Brasil; Tabaré Vásquez y José Mujica y el “Frente Amplio” en Uruguay, y recientemente, Andrés Manuel López Obrador y el “Movimiento de Regeneración Nacional” (MORENA), en México). Una lucha contra un modelo económico que ha arrojado malos resultados en cuanto a estabilidad, crecimiento y bienestar; una lucha contra el Consenso de Washington, entre otras.
Sin embargo, no se puede hablar todavía de una definición clara sobre el post-neoliberalismo, pero se puede hablar de un régimen cuyo eje rector es combatir uno de los vicios morales más arraigados y destructivos de la etapa neoliberal: la corrupción. No se visualiza todavía un nuevo modelo económico que subyugue el patrón de acumulación neoliberal basado en el crecimiento de la propiedad privada, pero se visualiza una política económica basada en la inspiración keynesiana, no con las mismas recetas de los modelos keynesianos o estructuralistas de los años 1940, 1950 y 1960 (ejemplares en términos de estabilidad y crecimiento), pero sí con una mayor participación del Estado en el control de la economía.
Bajo estas premisa, lo que se gesta en México es un régimen, que en materia económica, busca corregir cuando menos tres problemas estructurales que han vulnerado los niveles de bienestar de los mexicanos durante el periodo neoliberal. Por un lado, la tendencia a la baja de la tasa de crecimiento económico. Por otro lado, el aumento en la tasa de explotación de la fuerza de trabajo. Y en tercer lugar, la caída en la inversión pública en las actividades productivas, principalmente las agropecuarias.
En esta perspectiva, algunas economías como la nuestra pueden verse favorecidas, toda vez que el impulso a la actividad productiva, bajo la guía del combate a la corrupción, permitirá el crecimiento económico y como consecuencia el bienestar. Explicamos:
El modelo de desarrollo estabilizador que imperaba en México en los años setenta permitió que la economía de Zacatecas aportara aproximadamente el 2% a la riqueza nacional. Aquí, el sector agropecuario representó el 35 por ciento y generó más del 70 por ciento de los empleos, la industria el 21 y 13 por ciento y el sector servicios el 44 y 16 por ciento respectivamente, según datos consultados en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dicho modelo concluyo en los años ochenta para dar paso al modelo neoliberal en el que el resultado hasta el momento ha sido el de una economía que funciona bajo una nueva etapa basada en la producción capitalista de servicios, caracterizada por cambios organizacionales en la forma de producir. Una economía en la que el sector servicios se convierte en el principal generador de empleos y representa una gran parte del Producto Interno Bruto. Aquí, las actividades productivas como las agropecuarias son desplazadas por el sector servicios y la industria, toda vez que su aportación a la producción estatal se reduce del 35 al 9 por ciento y del 70 al 21 en la generación de los empleos, mientras que por el contrario, el sector servicios ve incrementar su aportación a la producción de 44 a 55 por ciento, así como aumentar la absorción de fuerza de trabajo de 16 a 55 por ciento.
En economías como la nuestra, donde no se cuenta con la herencia de una planta productiva que se gestó en los años cuarentas y cincuentas, con el modelo sustitutivo de importaciones, en muchas partes del territorio nacional y que permitió el desarrollo del sector industrial, es imprescindible e inaplazables fortalecer aquellas actividades económicas comparativas y competitivas con las que se cuenta.
En este sentido, el sector agropecuario puede volver convertirse en el motor de crecimiento económico y alcanzar esos gloriosos niveles de participación en la riqueza estatal de los años sesentas y setentas, claro, siempre y cuando, más allá de impulsar una política agropecuaria acorde a las necesidades y requerimientos de los mercados locales, nacionales e internacionales, se impulsen mecanismos eficientes para combatir la corrupción tanto de los altos funcionarios nacionales y estatales, como de los líderes de organizaciones campesinas, toda vez que éste vicio moral ha sido un factor de desaceleración económico y ha ido deshumanizando a la sociedad en sus distintas esferas. ■
