Indiscutiblemente, los candidatos a gobernador encontraron un tema en común durante el debate: la necesidad de superar las condiciones de impunidad que prevalecen actualmente en Zacatecas.
Desde distintos enfoques y matices, todos convergieron en una situación que aunque poco denunciada y apenas investigada por la clase política y sociedad civil, es ya una constante a la hora de referirse a los resultados del sexenio de Miguel Alonso: la opulencia familiar y las sospechas de corrupción que rodean la manera de haberse de dicha fortuna.
Y pese a que los debates dentro de los procesos electorales han transitado hacia el mero contraste de personalidades y escándalos antes que diversos diagnósticos y esbozos de trabajo sobre los mismos, el gran perdedor del ejercicio del pasado domingo fue uno ausente: el ejecutivo estatal.
La falta de rendición de cuentas ante evidencias dispersas del desvío de recursos públicos para el beneficio de la familia Alonso –con un puñado amplio de funcionarios involucrados- por primera vez apareció como la problemática compartida para castigar, prevenir o impedir, entre todos y cada uno de los partidos, coaliciones y candidatos independientes.
Si bien entre los participantes las formas de atajar el problema varían, la forma en cómo el tema se ha desenvuelto en la opinión pública obligó a los contrincantes y sus grupos compactos a dar un tratamiento contundente a una herida abierta entre la ciudadanía.
Pero dependerá de que esa contundencia se traduzca en un esquema concreto en sus medios y fines, dotado de coherencia jurídica y política, con el que efectivamente se logre sanar aquél flagelo. El incremento en los niveles de desconfianza ciudadana hacia la clase política está en juego.
Retomo aquí a dos candidatos: “¡Coherencia señores!” antes de que esto se convierta en mera “cacería de ratas”.
Ya en este espacio revisábamos la poca viabilidad y “garantía de resultados” en el esquema propuesto por Alejandro Tello. La “garantía” que ofrece perdería “coherencia” al momento de integrar el Sistema Estatal Anticorrupción con funcionarios que antepongan el mejor interés de quien se investiga que la aplicación de la ley.
Debe evitar además la incompetencia de quienes realizarán dicha tarea. El paso de Guillermo Huizar por la Secretaría de la Función Pública ejemplifica bien cómo es que el discurso puede devaluarse pronto y profundamente.
Las investigaciones por irregularidades del ex titular de la Dirección de Tránsito, Transporte y Vialidad, Agustín Jaime Ortiz, en octubre de 2015 por desvío de recursos y abuso de poder en la repartición de prebendas a concesionarios se tradujo únicamente en una irrisoria inhabilitación del servidor público. Las pesquisas no se llevaron a sus últimas consecuencias. El mencionado funcionario estaba obligado a pagar con pena corporal los delitos graves de los que se le acusó.
El resultado, y sus antecedentes, impregnaron de esa misma incompetencia al ejecutivo estatal, a quien con objetividad se le criticó su limitada capacidad para aplicar la ley en su gobierno y gabinete, frente a evidencias inexpugnables de corrupción.
La experiencia debe de dejar hoy una lección para el candidato PRI. Que no le quepa duda a Tello que el primer tamiz donde pondrá a prueba sus capacidades de diagnóstico, pulso y legitimación es precisamente en la andanada de señalamientos – próximamente traducidos en denuncias- que los legisladores de oposición han abierto en contra del enriquecimiento ilícito y lavado de dinero presumibles en la administración de Miguel Alonso Reyes.
Estará obligado, además, a seguir de cerca el procesamiento legal de las investigaciones así como los resultados que arrojen las mismas. En su postura los medios de comunicación tendrán un elemento con el que podrán contrastar y evidenciar la “garantía de honestidad, buen gobierno y transparencia” del candidato.
Hasta ahora ha sido muy claro en que durante su sexenio no permitirá el crecimiento de la corrupción, pero no ha dado muestras claras del paso insalvable: ¿limpiar la casa o sólo barrer los montículos de tierra debajo de los muebles?
Llegará el momento en que Tello deberá tomar partido sin ambigüedades: garante del estado de derecho, o garante de una amistad. ¿Asumiría su quinquenio como propio o como prestado?
Del otro lado, tanto Rafael Flores como David Monreal se han apostado en dotar de autonomía a la parte fiscalizadora e investigadora. Aunque la autonomía siempre se encuentre en correlación con las formas de designar a los titulares de los organismos, parafraseo la reflexión que proponía Luis Medina Lizalde en el tema: no se trata de dotar de autonomías a todas las instituciones, sino de garantizar la correcta aplicación de la ley. Prevalencia del estado de derecho.
Claro, en el discurso ambos candidatos previenen que sin chistar iniciarán las investigaciones correspondientes en contra de la malversación de fondos que, acusan, ha llevado a los Alonso a incrementar sus finanzas meteóricamente a partir de una -hasta hace poco- modesta florería. ■
