Ha vencido el plazo para que aquellos facultados por la Ley Federal de Consulta Popular (LFCD), es decir: diputados, senadores, Presidente de la República o ciudadanos, presenten una solicitud para someter a Consulta Popular diversos temas de trascendencia nacional. Se considera que un tema es de trascendencia nacional (artículo 6 de la LFCP) cuando reúne los siguientes elementos: que repercutan en la mayor parte del territorio nacional y que impacten en una parte significativa de la población.
La nueva ley, que fue concebida para ampliar el ejercicio de los derechos ciudadanos, particularmente para tomar parte en las decisiones fundamentales del país, se estrena con propuestas planteadas por los partidos políticos, aun cuando ellos mismos se encargaron de recabar las firmas de los ciudadanos en número suficiente (al menos 2% de la Lista Nominal de Electores) para que pueda ser avalada y sometida a Consulta de todos los mayores de 18 años con credencial para votar el día de la próxima elección federal.
Previo a determinar su procedencia, se deben agotar los pasos siguientes: que el Instituto Nacional Electoral valide las solicitudes presentadas por Morena, PRD, PAN y PRI, cada uno por su lado, verificando que cumplen con el número requerido de firmas de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal y, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine si los temas propuestas: Reforma Energética, Salario Mínimo y disminución de 100 diputaciones de representación proporcional, pueden ser considerados como de trascendencia nacional.
Adicionalmente, constatar que dichas propuestas no se encuentran en los temas vedados en el artículo 11 de la referida ley, a saber: la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución; materia electoral; ingresos y gastos del Estado; seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. Superadas estas condicionantes, el Congreso de la Unión realiza la convocatoria para la Consulta Popular.
Además del trámite previsto, el hecho en sí me provoca diversas reflexiones, particularmente por las razones que tienen los partidos políticos para presentar una propuesta a nombre de ciudadanos, cuando la vía más rápida hubiese sido por conducto de sus legisladores en cualquiera de las cámaras. Sin duda alguna, los asuntos que han propuesto los partidos políticos son temas importantes y muy sensibles para la población, pero la ruta elegida tiene connotaciones y lecturas diferentes.
Me preocupa, principalmente, que lo que debe ser una herramienta de los ciudadanos pueda viciarse desde ahora. No es casualidad que los tres principales partidos busquen legitimarse empleando la Consulta Popular, justo, en la víspera de una elección intermedia. No olvidemos la coyuntura: se inscribe en el marco de la renovación de la Cámara de Diputados, en la que están en juego dos apuestas fundamentales: el refrendo a la gestión presidencial priísta luego del periodo de alternancia y la posibilidad de hacer un mayor contrapeso, vía el poder legislativo, al cada vez más patente poder presidencial.
En la carrera por ganar simpatías que se traduzcan en votos en la elección, los partidos políticos han sido hábiles en la selección de los temas; aunque justo es reconocer que las izquierdas han sido más consistentes y persistentes en sus argumentos para rechazar la reforma energética, vista como una forma de poner en manos particulares el petróleo, cuando experiencias pasadas de privatización no necesariamente se ha traducido en beneficios para los mexicanos.
El problema del salario mínimo no es nuevo y tampoco se avizora como fundamental en la resolución de los conflictos que enfrenta el país, principalmente la desigualdad, pero nadie en su sano juicio podría negarse a su incremento, aunque ello represente, a su vez, más presupuesto público a los partidos. Si se trata de ahorrar a los mexicanos burocracias caras y estériles, creo que el inicio no tendría que ser la eliminación de diputaciones plurinominales.
Quien así lo piense es claro que no tiene idea de lo que ha costado en nuestra historia que la expresión de la pluralidad, de ideas divergentes a las predominantes, tengan cauces institucionales para dar cabida a sus demandas. Podríamos, por ejemplo, voltear a ver los gastos de los gobiernos en publicidad, ya que son excesivos si consideramos que los tiempos del Estado en radio y televisión pueden ser suficientes para ese fin; también, prescindir de 100 distritos de mayoría, en cuyo caso no sólo se ahorrarían los salarios de cien diputados, sino en el sostenimiento del mismo número de campañas políticas y de oficinas del INE que organizan tales elecciones.
En resumen, las consultas el día de la elección aseguran una buena participación y creo que con relativa facilidad podría alcanzarse 40% de votantes para que sus resultados fuesen obligatorios para las autoridades; sin embargo, hay en juego muchos intereses y los mexicanos tenemos pocas posibilidades de acceder a información certera, completa y verídica, pero sí estaremos invadidos por propaganda que buscará inducir una respuesta favorable a los promotores de las consultas. Será el INE el responsable de las campañas de difusión que informen sobre las diversas consultas que podrían someterse a votación; otro nuevo reto que espero enfrente con inteligencia y que pueda ser capaz de promover, antes que la participación, el interés de los ciudadanos por conocer todas las aristas e implicaciones de su decisión. Este sí es un verdadero desafío. ■
*Delegada del INE en Zacatecas.
