Léxico y Zacatecas enfrentan problemas muy graves en todos los órdenes. La élite del poder no ha tenido la voluntad necesaria para enfrentar la corrupción y la impunidad, lo que ha generado una descomposición generalizada que se expresa de múltiples maneras, de las cuales dan cuenta todos los días los medios de comunicación nacionales e internacionales: casos de corrupción que involucran directamente al titular del poder ejecutivo federal y a su equipo cercano, casos de abuso de poder donde las corporaciones militares y policiacas violentan gravemente los derechos humanos de las personas, escaso crecimiento económico y agudización de las desigualdades sociales y territoriales, y muchos más que vivimos los habitantes de este gran país.
Debemos tener presente que la desigualdad está relacionada con la crisis de valores que se vive hoy en día. En un mundo donde el éxito se percibe como la capacidad para consumir y desechar compulsivamente, la desigualdad genera, entre los que carecen de lo fundamental, un sentimiento de frustración que puede llevarlos a considerar vías rápidas para tener lo que a otros les sobra, entre estas vías, la delincuencia. Sobre todo entre los jóvenes, esta condición provoca desilusión con respecto a los valores, la democracia y al propio Estado de derecho. Por ello es que debemos considerar inaceptable el hecho de que la matrícula en educación superior en la entidad es, de acuerdo con datos oficiales, apenas un 27 por ciento. Esto quiere decir que, en promedio, menos de tres de cada diez jóvenes zacatecanos en edad de cursar este nivel lo hacen, y que, por otro lado se destine el doble de recursos al fortalecimiento de la capacidad represiva del Estado. La carreta delante de los bueyes.
Desde nuestro punto de vista, para empezar a solucionar estos problemas el país debe desarrollarse con tasas de crecimiento altas y sostenidas y con políticas públicas que aseguren la salud y la educación de la población. Políticas que acentúen el uso del conocimiento para la generación de valor agregado a materias primas, bienes y servicios; políticas que fomenten la innovación en todos los campos, la generación de empleo pleno y, de forma especial, políticas que contribuyan a poner en práctica acciones efectivas, democráticas y solidarias, que mejoren sustancialmente la distribución de la riqueza nacional y combatan la desigualdad.
¿Cuál es el papel de las universidades ante estas realidades? Si bien estas instituciones no tienen la posibilidad de resolver problemas tan complejos, tampoco pueden permanecer indiferentes. Desde ellas se debe alentar el fortalecimiento democrático de nuestros países, el progreso y la lucha contra la injusticia y la exclusión. Para ello requerimos de la energía derivada del saber. Necesitamos de la ciencia y la tecnología, pero, por supuesto, de manera subrayada, de las humanidades, las ciencias sociales, las artes y la cultura.
En las universidades públicas se modelan las personas de alto nivel que las nuevas circunstancias demandan. Se forman individuos preparados, comprometidos socialmente con el desarrollo de su país y de la humanidad, educados en los valores laicos y con una formación ciudadana completa. Una de las funciones de la educación superior es contribuir a la movilidad social, al mejoramiento de las condiciones de vida de la colectividad. En esto, las universidades públicas son imprescindibles.
