Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en abril del 2024 Zacatecas alcanzó la escalofriante cifra de 4.000 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas. Los municipios de Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas, Jerez, Rio Grande, Calera, Ojocaliente, Villa de Cos y Valparaíso son los más afectados. Nos referimos a la información de la CNB pues es la única reconocida por la Ley Federal en la materia. Si bien existen muchas confusiones impulsadas por el propio gobierno federal, que pretende desacreditar dicho registro, lo cierto es que hasta el día de hoy es la información oficial con la que contamos, y mientras las autoridades federales y estatales no sean más transparentes al respecto, es la base a la que se refieren los movimientos de familias de víctimas de desaparición, organizaciones y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
En este registro Zacatecas ocupa el puesto 11 de los 32 estados, lo que suele ser usado por funcionarios públicos para argumentar que la crisis “no es tan grave” como en otros lugares. No obstante, cuando analizamos los indicadores en términos del tamaño poblacional, es decir, la incidencia del delito por cada 100 mil habitantes, tenemos que en los últimos años Zacatecas ha ocupado el primer puesto con la tasa de desapariciones más alta de México (más de 40 por cada 100 mil habitantes). En otras palabras, si bien en Jalisco, Veracruz o el estado de México hay un mayor registro total de personas desaparecidas, lo cierto es que estos estados cuentan con poblaciones muy grandes en comparación con Zacatecas, por ello, siempre que se analiza la incidencia de delitos se hace a través de la tasa poblacional. Igualmente, de los 4.000 registros históricos reconocidos por la CNB, aproximadamente el 60% se han presentado desde el 2020 a la fecha. Con este panorama, no se puede negar la intensidad de la crisis y la generalización de una violencia extrema en el territorio zacatecano. Todo marcado por una alta impunidad.
El incremento dramático de las cifras a nivel estatal ha venido de la mano con una mayor visibilidad de los colectivos de familiares de víctimas, quienes han diversificado sus acciones y exigido más y mejores respuestas de las autoridades. Al respecto quiero resaltar dos estrategias que impulsan en el estado y que nos interpelan a todos como sociedad: la búsqueda más allá de las fronteras burocráticas y la memoria pública.
Por una parte, las acciones de búsqueda se concentran en (a) las que las familias llevan a cabo de manera independiente; (b) las que por Ley están obligadas a realizar la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía con participación de las familias; (c) los crecientes esfuerzos por realizar Brigadas Nacionales de Búsqueda como iniciativas que nacen de los colectivos, pero que se implementan en colaboración con instancias institucionales estatales y federales. Esta última estrategia ha estado dentro de una polémica pública ya que la realización de la Segunda Brigada Nacional de Búsqueda en Zacatecas ha sido cancelada dos veces por falta de compromiso creíble de las autoridades o argumentos que carecen de sustento legal.
Sobre las Brigadas Nacionales de Búsqueda es importante recordar que nacen en el contexto de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando los colectivos de víctimas documentaron e identificaron que México, tristemente, es una gran fosa común. Sólo entre diciembre de 2018 y enero de 2023 la CNB reportó 2.710 fosas clandestinas con restos humanos en todo el país, y el movimiento nacional por los desaparecidos denuncia que existen más de 52.000 cuerpos sin identificar en fosas clandestinas y servicios forenses. Las tecnologías de la desaparición desbordan lo imaginado, y las familias decidieron articularse de mejor manera para la búsqueda sin importar las fronteras burocráticas. Lo anterior es importante porque las víctimas suelen toparse con inservibles límites administrativos que dificultan y complejizan la respuesta inmediata y eficaz. Por ejemplo, a Zacatecas suelen llegar familias de Jalisco, Aguascalientes y otros estados que deben estar viajando constantemente entre Fiscalías estatales, con sus propios y muy limitados recursos, porque si ellas no viajan a presionar y preguntar sobre sus casos se quedarían aún más archivados y olvidados por “falta de colaboración”. En testimonios que hemos recabado de madres buscadoras hemos conocido cómo a pesar de realizar viajes con altos costos desde otros estados, al llegar a las instituciones a indagar por sus seres queridos reciben respuestas como “para qué lo busca si no lo va a encontrar”, “no debería estar acá preguntando” o “en algo andaba”.
Las Brigadas Nacionales de Búsqueda son entonces acciones de colaboración, solidaridad y coordinación entre colectivos de víctimas, organizaciones acompañantes e instancias institucionales. Las Brigadas son gestionadas y planificadas por las familias, parten de sus necesidades y demandas, y son momentos de encuentro donde confluyen los saberes de colectivos de los diferentes estados. Familias buscadoras de Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Baja California, Sonora, entre otros, comparten la experiencia acumulada en búsqueda en campo, búsqueda en vida (en penales, centros de rehabilitación, hospitales, entre otros espacios), además de acciones masivas de pega de fichas, concientización y visibilización. Por ello, a diferencia de las búsquedas que por Ley están mandatadas a realizar la Comisión y la Fiscalía, y que se circunscribe a los límites estatales, la excepcionalidad de las Brigadas Nacionales de Búsqueda se encuentra en el esfuerzo por romper esas restricciones burocráticas, son en sí mismas una acción de protesta y resistencia de las familias ante los sistemas y engranajes de impunidad.
Por otro lado, destacan las acciones por la memoria. Ante el incremento de la desaparición de personas y el paso del tiempo que genera rupturas vitales profundas, mujeres y hombres que llevan buscando a sus familiares uno, tres, cinco y hasta más de diez años se encuentran en una reconstrucción simbólica de su dolor y sus reclamos.
Dentro de las acciones de los últimos dos años en Zacatecas sobresalen las marchas y manifestaciones, importantes por su poder de cohesión y articulación. El “muro por la memoria” en la Plaza Bicentenario de Zacatecas. La exposición “No lloraré tu ausencia porque busco tu presencia”, donde las familias presentaron osos elaborados con las prendas de ropa de sus familiares desaparecidos como acción de enunciación y reconstrucción de vínculos emocionales. Los “árboles de la esperanza” instalados en Rio Grande, Fresnillo, Jerez y Zacatecas, que recuerdan a los transeúntes que hay muchos y muchas que faltan en sus hogares y cuyos rostros representan el anhelo del encuentro. El “memorial de desaparecidos” instalado en Jerez como una reparación por el retiro indiscriminado de fichas de búsqueda por parte de las autoridades. Los tejidos rojos de “Sangre de mi sangre” que se han tomado el espacio público, elaborados por decenas de manos donde confluyen el apoyo solidario de ciudadanos y ciudadanas con las familias, en una metáfora de la reconstrucción de los vínculos y de significación del dolor que nos atraviesa a todos y todas. La circulación de fichas de búsqueda en redes sociales que se apropian de fechas simbólicas como la celebración de la bandera o la navidad, transmitiendo el dolor que las familias sienten mientras que como sociedad continuamos con nuestras festividades. En fin, un conjunto de acciones simbólicas y por la memoria que han logrado expandir los reclamos y construir una práctica del “no callamos”.
La lógica de la violencia desaparecedora es una que busca instaurar miedo, zozobra e inmovilidad. Como han documentado en todo el país diversas investigadoras, detrás de la desaparición hay una estrategia de terror. Estas lógicas se sostienen porque la impunidad permite que así sea. Por eso las acciones de búsqueda colectiva y las prácticas de memoria son resistencias fundamentales por la vida. Nos deben interpelar como sociedad. Son profundamente pedagógicas: nos enseñan que no debemos conformarnos con la violencia y la impunidad.
¿En qué momento permitimos que fueran más de 4.000 desaparecidos?
