La detención en Madrid del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, tuvo un efecto muy sano para el debate público mexicano: detuvo en seco la fiesta de auto complacencia desatada por Gobierno Federal con motivo de la tercera detención de El Chapo Guzmán, y nos recordó a todos que una golondrina no hace verano, que la detención del encumbrado y enriquecido capo no cambia la naturaleza del problema de corrupción e impunidad y sus consecuencias en la expansión de violencia e inseguridad que padecemos desde hace 10 años.
La vergüenza que representó la fuga del capo sinaloense y la que hoy se deriva del hecho de que en México no existe averiguación alguna sobre la conducta presuntamente delictiva del ex líder del PRI deben conducir a que se acepte de una vez por todas que sin una estrategia anti narco y anticorrupción, inspirada en las mejores experiencias internacionales, podrán llenarse todos los periódicos del país con noticias que intentan convencer de que la inseguridad es algo parecido a una desgracia natural, fenómeno inevitable o hasta designio divino, podrán las autoridades programar nuevas aprehensiones de pequeños “líderes” de narcotraficantes o secuestradores y hasta de otros “capos” de la mafia, pero los grandes y verdaderos líderes seguirán tan campantes como siempre.
Sin una política de Estado responsable, informada, que considere la seguridad humana, y no que sólo militarice sin ton ni son el país, seguirá habiendo luto, desolación y llanto en las colonias y barrios miserables de México. Como lo ha expresado con contundencia Edgardo Buscaglia, urge un consenso responsable, serio, vinculante, entre los partidos políticos que permita al Estado y a la sociedad misma, investigar el patrimonio de la delincuencia organizada, sus bienes, armas, dinero, sus flotillas de transporte, etc., lo mismo que los patrimonios de la clase política, cualquier otra “estrategia” que se presente como “lucha contra el narcotráfico” no es más que una reverenda farsa, una mentira con un costo intolerable en vidas humanas.
Para lograr lo anterior, la sociedad mexicana debe utilizar las mismas técnicas de activismo social, de resistencia civil pacífica que llevó a cabo la sociedad civil italiana después del asesinato de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. La misma que utilizó la sociedad civil colombiana durante los peores años, en los 90. Las mismas técnicas de resistencia civil pacífica que aparecieron durante los años 50 y 60 en los Estados Unidos, las mismas que usó Gandhi en los años 30 y 40 para lograr la independencia de India.
Hay que exigir la implementación en la práctica, a través de causas penales, de los tipos penales relacionados con el conflicto de interés: tráfico de influencias, malversación y desvío de fondos, que son los tres tipos de corrupción política más frecuentes. Hay que reformar los códigos penales para que el conflicto de interés se tipifique como delito y el tráfico de influencias de los políticos se defina mejor. Otra medida urgente consiste en establecer y activar unidades de investigación patrimonial autónomas en cada estado mexicano para que comiencen a investigar a los políticos y sus prácticas de desvío de fondos y lavado de dinero, como en el caso Moreira. Todo ello es un trabajo del Poder Legislativo y tiene que hacerse de manera urgente, pero no ocurrirá si la población no se moviliza.
