■ Explotación de yacimientos movilizó en 2014 cerca de 63.6 millones de toneladas de mineral
■ 53.42% de este concepto se ubica en Mazapil, Fresnillo y Morelos; el primero reporta 10.8%
La minería en México movilizó en 2014, 63.6 millones de toneladas de minerales. La extracción de oro, plata, plomo, zinc, molibdeno y cadmio, los más importantes tanto por su funcionalidad industrial como por su valor, está controlada por grandes empresas. Los estados que concentran el 67.7 del valor de la producción nacional son apenas cuatro: Sonora, Zacatecas, Chihuahua y Coahuila. El espectro se cierra aún más cuando se habla de los municipios, pues en 15 demarcaciones (tres de las cuales se encuentran en territorio zacatecano: Mazapil, Fresnillo y Morelos); se concentra el 53.42 por ciento del valor de esta producción y sólo en Mazapil (que se encuentra entre aquellos con su población mayoritariamente en pobreza extrema), el 10.8 por ciento del mismo, lo que la hace la “más importante, la más dinámica de todo el país” para la minería.
“Y decir esto no es poca cosa, el tamaño de los intereses que están cruzando estas territorialidades es brutal. Las dimensiones de asimetría de las relaciones de poder entre un estado y el nivel de gobierno municipal con multinacionales gigantescas que controlan la extracción de minerales es enorme (…) esas son con las que están lidiando estos municipios”, expuso Gian Carlo Delgado Ramos del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
El economista posgraduado en Ecología Política ofreció en el contexto del 4 Seminario de Desarrollo, Sustentabilidad y Seguridad Humana “Los rostros del desarrollo neoliberal en México y el contexto global” que se desarrolla en su segunda sesión en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la UAZ, la conferencia magistral, Ecología política del extractivismo minero en México.
El académico dijo que Zacatecas se expresa como uno de los estados clave en México para el extractivismo minero, una actividad que apareja asimismo los intereses de los hombres más ricos del país y sus empresas: Grupo México, Peñoles y Frisco, a graves daños socio-ambientales como desalojos, violencia (incluidos asesinatos), y conflictos intercomunitarios.
“Las empresas y el Estado, o las empresas y el Estado, generan condiciones propicias para que haya enconamientos entre los diferentes actores”, donde lo más importante es generar que las comunidades se dividan y haya entre ellas, “por lo menos un aparente conflicto que sirva para que el Estado o las empresas puedan seguir operando e interviniendo de cierta manera. Hay muchos casos de este estilo en el país, incluyendo a Mazapil”, observó.
Respecto del tema ambiental, la minero-metalurgia consume 16.7 por ciento de la energía del sector industrial del país, lo que la presenta como la actividad que mayores emisiones de gases de efecto invernadero produce en este contexto.
“Y consume muchísima agua”, dijo, pues actualmente se estima que 436 millones de metros cúbicos del líquido han sido concesionados para la extracción, principalmente a Grupo México y Goldcorp, ésta última empresa canadiense con importante presencia, justo en Mazapil, Zacatecas.
En un esquema que opera con un: “primero dame la concesión y luego veo a quien le quito el agua”, pues recurrentemente se otorgan los permisos para explotación del suelo mexicano sin que haya disponibilidad del líquido, por lo que también existe un “mercado negro” de él.
“Encima de todo esto la industria está operando en áreas naturales protegidas (ANP), hay un estudio que realizó Ortega-Rubio (autores) en 2015 que exhibe que de 24 mil 715 concesiones mineras, mil 600 estaban operando en APN y la legislación mexicana lo permite”, agregó.
La legislación mexicana también considera a la minería como una “actividad de interés público”, la expresión es un resabio del periodo nacionalista propuesta desde un Estado que “sacaba los recursos, los vendía al mercado nacional e internacional” y con ellos dentro del erario, atendía distintas necesidades de la población.
“El problema es que el término “interés público” permanece en la legislación” no obstante que se desincorporaron las reservas mineras de cara al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Coyuntura en la que también se modificaron las temporalidades de las concesiones, propuestas desde entonces a 50 años con la posibilidad de renovarse otros 50.
“Esa es una locura desde mi punto de vista”, pues la evolución tecnológica se vincula siempre “a una canasta básica de recursos”.
Hace 50 años el litio, el titanio o las tierras raras no eran importantes para la tecnología, “hoy estamos dando concesiones a 50 años adelante”, sin saber qué minerales requerirán entonces las tecnologías, expuso.
“Esas son nuestras concesiones y son renovables a otros 50 años, entonces, es un siglo de reservas de todo lo que usted pueda sacar por un módico precio”.
“En pocas palabras, lo que dice la Ley minera es que es de interés de todos los mexicanos” que personajes como Carlos Slim, Alberto Bailléres o Germán Larrea se enriquezcan “con los recursos naturales de este país, pese a sus costos ambientales y sociales; y tenemos daños gravísimos”, refirió.
Aludió como ejemplo el ocasionado por Grupo México en Sonora en 2014, respecto del cual mencionó que el Instituto de Ecología de la UNAM ha demostrado ya, a partir de la toma de miles de muestras, que los daños ambientales derivados del derrame de jales en los ríos Bacanuchi y Sonora, “están, y que la empresa no ha remediado el asunto, y remediar no implica recuperar el ecosistema”, también precisó.
Tanto el tema de temporalidad de las concesiones como el carácter estratégico de algunos minerales se expresa como uno de los graves problemas no considerados correctamente en la legislación mexicana, que se suma a la definición de uso prioritario en favor de intereses privados.
Se da asimismo trato igualitario a la inversión extranjera y la nacional, y cuando “hay malos manejos”, la ley minera no contempla sanciones sino que por ejemplo, en caso de un tema de contaminación ambiental, el asunto se dirime en base a la Ley General de Equilibrio Ecológico, donde opera lo que el investigador llamo “perigree” de las dependencias, pues siempre las definiciones de la Secretaria de Economía (SE) pesan más que las de la Profepa o la Semarnat, por lo que el tema del cuidado ambiental siempre se soslaya.
México moviliza globalmente el 1.7 del valor de la producción total. El sector minero-metalúrgico contribuye al 3 por ciento del PIB nacional, pero observó asimismo, “es interesante porque las estadísticas no los separan”.
Si esto se hiciera, subrayó, la minería “no pesaría nada”, pues el grueso de los empleos y del valor agregado, lo genera la industria metalúrgica.
“La minería como es la pura actividad extractiva no está generando prácticamente ni ingresos ni empleo, pero cuando los fusionas el numerito te funciona mejor. Este es un truco estadístico interesante”, refirió.
