En el ámbito de la reciente aprobación del presupuesto federal y la víspera del local, desde el Congreso del estado, en sesión, se exhortó al jefe del Ejecutivo, Miguel Alonso Reyes, a que sostenga una reunión con los diputados previo a que presente el paquete económico 2014.
Los perredistas Iván de Santiago Beltrán y Juan Carlos Regis pidieron a las Comisiones unidas de Hacienda que hagan la invitación al mandatario, a fin de que poco más de 22 mil 800 millones de pesos que se ejercerían en la entidad, estén bien direccionados.
Con datos aún imprecisos y sin tener mayor eco, el coordinador de la bancada del PRD detalló que según lo dado a conocer, en el presupuesto federal de Zacatecas para 2014 no se contempla la relación de carreteras alimentadoras y únicamente aparecen las ya anunciadas como la autopista a Guadalajara, con un monto de 100 millones de pesos, otro igual para la carretera Malpaso-Villanueva.
Disminuyeron 400 millones de pesos los fondos para carreteras, pero se dio un incremento en programas para el campo como son las obras hidráulicas, aunque consideró que “hizo falta un apretón final porque se pudo haber obtenido un poco más”.
Refirió que hoy 15 de noviembre inicia el periodo para la recepción del paquete económico local; el Ejecutivo tendrá 15 días para entregarlo al Congreso, y fue por ello que se cuestionó que el Ejecutivo no ha tenido una sola reunión con los diputados para el diseño del paquete presupuestal.
Se hizo además un llamado a aprobar un presupuesto participativo y por tanto se exhortó a los municipios a que presenten sus proyectos, a fin de que desde la Legislatura no se autoricen bolsas discrecionales en los montos que se ejecutarán desde la Secretaría de Infraestructura (Sinfra).
Se multiplica abigeato
Ante el “preocupante” incremento de entre 30 y 50 por ciento del robo de ganado en municipios como Valparaíso, Fresnillo, Jerez, Río Grande, Cañitas de Felipe Pescador, Sombrerete, Villa de Cos y Saín Alto, por unanimidad los diputados locales aprobaron un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, estatal, ayuntamientos y asociaciones ganaderas a firmar un convenio de colaboración en el marco del Sistema Estatal de Seguridad Pública para disminuir los índices de abigeato.
En sesión ordinaria, a decir de los legisladores, en los últimos meses el robo de ganado en Zacatecas se ha convertido en un foco rojo, ya que incluso se presume la participación de bandas delincuenciales organizadas, pues “los cárteles ampliaron su campo de actividad”, aunque también hay ladrones comunes que se aprovechan del clima de inseguridad para cometer ilícitos.
La iniciativa, propuesta por el priísta Cliserio del Real, aseguró que los ladrones no sólo se llevan a los animales, sino que los sacrifican en el mismo lugar y transportan únicamente la carne, dejando las vísceras y cabezas.
De modo que hay comercialización ilícita de los productos cárnicos en Zacatecas y en otras entidades, donde presumiblemente también se vende. De ahí la necesidad de comenzar a deslindar responsabilidades, ya que el producto se vende en rastros clandestinos, pero también en negocios legales.
La intención del exhorto es que los ayuntamientos realicen constantes verificaciones en los rastros para vigilar y acreditar la legal procedencia de los animales, se haga lo propio en los establecimientos que expendan productos cárnicos al público, los cuales deben tener el sello del rastro autorizado del lugar de sacrificio o en su defecto con el sello de cárnico Tipo Inspección Federal, para así, salvaguardar la legítima propiedad de los productos en el mercado, además de la salud de los consumidores.
En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado deberá ampliar las acciones de vigilancia en esos municipios.
En la misma sesión, la priísta, Claudia Anaya propuso instaurar la medalla del reconocimiento por la defensa de los derechos humanos, el combate a la discriminación y la promoción de la tolerancia Gilberto Rincón Gallardo y Meltis del Poder Legislativo del estado.
También se leyó una iniciativa punto de acuerdo para el Ejecutivo, a fin de que garantice la calidad y gratuidad de la educación pública, así como el respeto de los derechos adquiridos por los trabajadores de la educación. Esto ante los retos derivados de la reforma educativa y su armonización con las leyes locales.
