La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Esa tarea requiere de legisladores competentes y conocedores de la situación del país, pues en ella participan como representantes de la nación, como la rama legislativa del gobierno de México, no como representantes de un estado y menos de un distrito, aunque esa dimensión asume la mayoría de los diputados federales cuando aceptan aprobar ese importante documento a cambio de que contenga recursos para alguna obra o programa particular, o lo que es peor, a cambio de que contenga la posibilidad de asignar personalmente algunos millones a cambio de los consabidos moches. Esa falta de conciencia de la importancia para el país de esta atribución exclusiva, permite también que una buena parte de los diputados federales acepten participar sin la debida y completa información, de manera que al final del día terminan por no saber lo que aprobaron, conformándose con la promesa de su líder de que el documento contiene la partida de su interés particular.
Esa conducta es doblemente irresponsable en estos tiempos en los que el país enfrenta la amenaza del presidente electo del país vecino del norte de denunciar el Tratado de Libre Comercio (TLC), lo que significaría una disminución dramática de la actividad de las industrias más productivas, como la automotriz y otras que arribaron a México atraídas por los bajos salarios de los trabajadores mexicanos, dejando miles y miles de desempleados y un descontento que ahora definió el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. La nueva circunstancia exigía aprobar un presupuesto distinto al de la austeridad neoliberal, uno orientado a estimular el mercado interno y la reconstrucción de miles de cadenas productivas destruidas por el espejismo de que las exportaciones crecientes serían la locomotora del desarrollo económico.
La cortedad de miras de la mayoría de los legisladores, y la terquedad de los operadores del neoliberalismo, no les permitió entender que es urgente combatir las desigualdades territoriales y sociales, caldo de cultivo de la inseguridad y la violencia. Al eliminar distintas partidas que estaban orientadas a compensar las brechas en el desarrollo regional mexicano, se perjudicó gravemente a un conjunto de entidades, como Zacatecas, que requieren inversiones federales como las que en otros tiempos recibieron otras que hoy son más prosperas. Y más grave aún es el hecho de que no se asignaron los recursos necesarios para la educación en todos sus niveles en todo el país, ni para la investigación científica y la innovación, indispensables para regiones como la nuestra, que tienen que desarrollarse saltándose la etapa de la industrialización clásica para avanzar a saltos hacia la producción con la más moderna tecnología y los nuevos materiales que ha hecho posibles la nanotecnología y los desarrollos de la física cuántica.
