Madrid. El relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la vivienda, el vasco Koldo Casla, criticó el lanzamiento, el pasado miércoles, de Maricarmen Abascal, pensionada de 87 años, de la que fue su casa durante 70 años tras un operativo policial en el que se ejerció violencia y ella fue sacada en camilla con crisis severa de ansiedad y llevada de urgencias al hospital.
“Es un daño irreparable”, señaló el alto funcionario de la ONU, quien reconoció que “no hay manera de entender de qué forma puede ser justificado primar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda de una mujer de 87 años que cobra mil 300 euros de pensión y lleva 70 años viviendo en esa casa”.
El desalojo de Maricarmen provocó una tormenta política y social en España, en la que se puso de nuevo sobre la mesa un problema estructural que prevalece desde la crisis de 2008: los desahucios de familias y personas vulnerables. Las cifras oficiales confirman que esta medida, siempre avalada por una sentencia judicial, lejos de reducirse, se mantiene estable, sólo se paralizaron durante la pandemia de covid-19, cuando se aprobó una moratoria excepcional que las prohibió por ley.
En abril pasado, el actual gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, intentó sacar adelante en el Congreso de los Diputados un decreto sobre vivienda, en el que precisamente se impedían los lanzamientos de personas vulnerables, como el caso de Maricarmen. Pero no logró mayoría y se impuso el bloque de la derecha y la extrema derecha, en este caso el Partido Popular (PP), Vox y los conservadores nacionalistas catalanes de Junts per Catalunya (JxCat), quienes hasta entonces habían sido determinantes para que el gobierno español sacara adelante sus iniciativas parlamentarias. Y ante la presión social y la conmoción provocada por el caso de Maricarmen, el gobierno español pretende volver a presentar el decreto el próximo martes y sumar los apoyos suficientes.
En tanto, el relator de la ONU aseguró en sus redes sociales que “este caso pone de manifiesto que la legislación española no garantiza un análisis de proporcionalidad individualizado”. Y se refirió directamente a la sentencia judicial que avaló el lanzamiento de Maricarmen: “La jueza debería haberlo hecho (suspender el desahucio) para evitar un daño irreparable y para permitir que España cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos de buena fe”.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, también intervino en la discusión al reclamar a las administraciones y poderes públicos que adopten “medidas urgentes para evitar los desahucios de personas vulnerables”, tras reconocer que “existen deficiencias, incluso legales, que habría que subsanar lo antes posible”.
El debate dentro del gobierno español también se hizo presente con la propuesta del ministro de Cultura y líder de Sumar, Ernest Urtasun, quien deslizó la idea de que durante el Consejo de Ministros del próximo martes se podría llevar a cabo la expropiación de la vivienda de la que fue lanzada Abascal, al asegurar que “un fondo de inversión y la empresa Urbigestión le ha hecho un pulso a la administración y al Estado”. Además, Urtasun arremetió contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, la derechista Isabel Díaz Ayuso, al afirmar que “no podemos permitir que la señora Díaz Ayuso deje a Maricarmen en el hospital sin ofrecerle una alternativa habitacional, porque es su competencia. La señora Ayuso es una sicópata social y merece el mayor de los desprecios”.
El secreto general del sindicato Comisiones Obreras, Unai Sordo, aseguró que “en España hay que sacar a gorrazos a los fondos buitre y a los fondos de inversión del mercado de la vivienda. Las viviendas están para vivir, no para que grandes empresas hagan negocios. Por tanto, hay que modificar la ley hasta donde haga falta y hay que dotarse de una fiscalidad que haga que el negocio de acaparar viviendas no sea rentable”.
En las antípodas están las declaraciones de la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, quien se limitó a señalar que el desahucio de la octogenaria “es uno más de los 25 mil que se llevan a cabo en España cada año” y del que responsabilizó al gobierno central de Sánchez, al que también acusó de “buscar incendiar las calles y deshumanizar al adversario político”.
