Los jóvenes en la actualidad están en serios problemas: ¿qué posibilidad tienen de saltar las barreras intergeneracionales para integrarse a las zonas de oportunidad? En otras palabras: ¿qué oportunidades tienen los jóvenes de tener en el futuro un ingreso que les asegure un nivel de vida decoroso, un empleo formal y permanente, Seguridad Social, información suficiente para tomar decisiones, acceso al poder público y participación en las diferentes dimensiones de la vida social? Pues la respuesta la encontraremos si observamos el dispositivo que organiza, da acceso y capacita para ese mundo: la educación. El papel actual de la educación es mucho más que formar gente culta o capacitar en alguna habilidad técnica, a través de ella se accede al mercado del trabajo formal, que a su vez conecta con la Seguridad Social; es también el dispositivo para la movilidad ascendente, para enlazarse con otros hasta convertir las relaciones en capital social y para moverse en los códigos de este mundo cada vez más abstracto. Por tanto, la pregunta inicial se nos convierte en esta otra: ¿qué tanto están los jóvenes excluidos de la educación, sobre todo en los niveles definitorios de lo dicho anteriormente: bachillerato y licenciatura?
Durante las últimas semanas ocurrieron los procesos de inscripción a los bachilleratos y universidades, y se constató un fenómeno mayúsculo de exclusión de la oferta educativa existente: en la UAZ llegó a 70 por ciento de rechazo. Si ya antes de estos procesos de solicitud de ingreso, 7 de cada 10 jóvenes entre 18 y 24 años están fuera de la educación superior, en el proceso de ingreso se quedan otros tantos. Jóvenes que incluso aprobando sus exámenes de ingreso con calificaciones altas, quedan fuera de su opción preferida por falta de recursos públicos para ampliar y diversificar la matrícula. Y no es todo, si revisamos qué tipo de jóvenes ingresan a las universidades, los deciles de bajos ingresos están excluidos en más de 80 por ciento, con el agravante de que la deserción del 20 restante es alta debido a los altos costos en la continuidad de los estudios. Las universidades públicas parecen privadas por las cuotas, sumando además los costos no-escolares que implica el estudio. En suma, el nivel de exclusión de jóvenes a la integración social es mayor a 70 por ciento.
Como la educación es una responsabilidad del Estado, su retirada de sus responsabilidades históricas lo convierte en un Estado-Marginador, que no sólo bloquea (por omisión) la integración social de los jóvenes (pobres), sino que estimula la permanente incertidumbre de las nuevas generaciones por sus políticas sociales y económicas, como por ejemplo la precarización laboral, que evapora el empleo permanente, y con ello, la estabilidad del relevo generacional. El futuro de los jóvenes dependerá en mucho de la capacidad organizativa que logren generar para resolver los graves problemas que los amenazan; hasta ahora ha sido pequeña, pero no podemos negar que la organización juvenil acontece de manera repentina. Esperamos que esta capacidad brote y se abra como mil flores.
