■ El consumo cultural no es sólo “pago de entradas” y abarrotamiento de espacios, expone Reyes García
El hecho de que la creación de la Secretaría de Cultura tenga como objetivo incrementar el Producto Interno Bruto (PIB) del país y no su Índice de Desarrollo Humano (IDH), da a entender “completamente” que su búsqueda es “la mercantilización de la cultura”, su “disneylandización” y no el cumplimiento para los mexicanos de su derecho constitucional a la cultura, expuso María del Carmen Reyes García.
La transición de Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a Secretaría de Cultura está justificada en números. Entre ellos, el que “la Cultura” genera 7.2 por ciento del PIB, que 62 de cada 100 mexicanos asisten a eventos culturales, y aun, que las actividades que se inscriben en este rubro implican 800 mil empleos para el país, esto según Inegi.
No está detrás, un diagnóstico que evaluara el anterior organismo y expusiera los pendientes por realizar, los errores en la política pública en la gestión cultural, o aun los alcances e impacto por ejemplo, de lo que se constituyó en su papel fundamental, la formación de perfiles profesionales y generación de proyectos y obra a través de becas, expone la historiadora y gestora cultural.
Se han ponderado en estos meses positivamente, respecto a esta secretaria, su nueva jerarquía que le permitiría una mayor injerencia en las decisiones de Estado, pues su titular forma ya parte del gabinete presidencial y por tanto tendría capacidad de avalar o no decisiones en materia de política pública, “pero hay pocas posibilidades de que lo inviten a estas reuniones”, pues existe el antecedente de considerar a la cultura como algo separado de los objetivos de las otras dependencias.
Incluso su reciente “divorcio” de la Secretaría de Educación de la que dependía, en seguimiento de la visión vasconcelista que consideraba este vínculo inmanente, deriva en la incertidumbre de cómo se propondrá ahora “la coadyuvancia” entra Educación y Cultura.
Y derivada de esta ayuda mutua, la difusión y divulgación artística que debe realizar el INBA, que queda bajo su tutela o la protección
y conservación patrimonial que deberá garantizar el INAH, también ahora, organismo bajo su responsabilidad y que alerta la académica, expone un nuevo viso, la posibilidad de que decisiones ejecutivas ahora tomadas por el secretario de Cultura, pudieran incidir en estos temas y poner en peligro el patrimonio material de los mexicanos, una práctica que ya se ha hecho visible, aun sin que se concretara esta transición, por citar algunas de las preguntas que surgen de esta modificación que además nace sin el sustento de la creación de una Ley de Cultura, pero que impactará en la adecuación de otras leyes y reglamentos.
Tendrá pues la secretaría naciente, mayores libertades para gestionar y ejecutar sus propios recursos, comenta María del Carmen Reyes García, pero contradictoriamente, un menor presupuesto, que pasó solo del 2015 al 2016, y ya luego de la transición a su nuevo carácter, del orden de los 7 mil millones a los 5 mil millones de pesos. Además con la objeción de que su burocracia, luego de cambiar de categoría de un consejo a una dependencia, habrá de tener asignaciones salariales mayores.
Otra vez sobre el tema de las cifras y la reflexión de que esta transición que busca impactar en el PIB pero no el IDH, la también fundadora e integrante en activo de la Asociación de Historiadores Elías Amador, advierte, “pero los números son peligrosos”.
O más bien, las muchas interpretaciones que pueda hacerse de ellos, “como político si escuchas esto, dices ahí está el negocio”. Una reflexión que se suma al tema de que la gestión cultural “cuesta”, y que llevaría a pensar que los recursos debieran provenir de “las taquillas” o el lucro que pueda obtenerse de los bienes culturales.
¿Cuánto vale la Catedral Metropolitana de Zacatecas, La Bufa o el Mercado González Ortega? Bajo esta lógica algunos funcionarios podrían asignarle una cifra en pesos y centavos, “realmente creen que pueden hacerlo”, cuestiona.
Para explicar la visión neoliberal sobre el tema de la Cultura y su vínculo con el desarrollo económico que queda impreso en la recién creada dependencia, trajo a colación un anuncio que hizo el presidente Enrique Peña Nieto en 2013 y que casi pasó desapercibido, su intención de priorizar el turismo cultural.
Esta intención institucional trajo, al no tener conocimiento de lo que implica el turismo cultural y su promoción, “una escalada terrible de invenciones de cosas”, de las que pueden enumerarse en el país por ejemplo, la iniciativa Pueblos Mágicos, que estandarizó y falsificó espacios y tradiciones para generar escenarios que cubrieran las expectativas de los turistas.
Y en el caso de Zacatecas, hizo nacer declaratorias de patrimonialización de temas como la Corrida de toros, que no tienen sustento histórico ni cultural, o bien, importó expresiones como la Procesión del Silencio o los recorridos con leyendas en el Centro Histórico, que quieren hacerse pasar por manifestaciones culturales de tradición local, cuando su origen en el primer caso es San Luis Potosí y en el segundo, Guanajuato. A esto los especialistas en gestión cultural le llaman disneylandización, dijo.
“El turismo cultural se entendió como que los mismos turistas que se reciben en destinos de playa habría de llevárselos a las ciudades patrimonio, y ofrecerles por ejemplo aquí, plazas más grandes y espectáculos más vistosos”.
Esto conlleva a otra de las confusiones de la promoción y la difusión culturales, la que interpreta el fenómeno como un espectáculo, además, “llena plazas”, y que mide el éxito de la gestión cultural en el aforo o el franco “atiborramiento” de las mismas, todo contrario a los criterios del auténtico turismo cultural, que son justo no sobrecargar los espacios para evitar su destrucción, respetar las tradiciones y por tanto, y sobre todo, al habitante, a quien no debe anularse en favor de las expectativas del turista.
El patrimonio, tienen además de un valor artístico e histórico, otro más importante, precisa la académica, el valor que le asigna la sociedad, y del que deriva su patrimonialización, no su monetarización como se machaca.
El hilo negro del binomio economía-cultura es un proyecto a largo plazo, porque tiene como médula la inversión en educación y salud, por ejemplo, dos parámetros del Índice de Desarrollo Humano.
A mayor salario y mayor escolaridad, la gente demanda y consume más bienes culturales, por tanto tendría que invertirse en estos rubros y proponer un plan a 20 años, que no sufriera modificaciones con las transiciones de gobierno, a fin de poder ver los beneficios de una auténtica gestión de lo cultural en el país. Pero los políticos dicen, “¿para qué quiero dinero en 20 años si yo salgo en tres o en seis?”.
El consumo de bienes culturales no tiene que ver con el sexo o con la edad, ejemplifica María del Carmen Reyes García, posgraduada en turismo cultural por la Universidad de Gerona, en España, sino con el grado de escolaridad y el ingreso.
De la reflexión de que México ocupa dentro de la OCDE el país que ofrece los salarios más bajos, pero también en donde su PEA trabaja más, se expone que no existen ni los recursos ni el tiempo de ocio para acceder a los bienes culturales, esto como un mandato de cumplimiento de derechos humanos.
El plan de acceso democrático cotidiano a la cultura en México, tiene que ver con la inversión en principio en educación y salud, porque “una persona que tiene satisfechas sus necesidades básicas ya piensa en un museo. Y si en cambio tienes que ir a trabajar dos turnos, ¿quién va a pensar en ir a un museo a escuchar al cuarteto de no sé qué?”.
Las políticas públicas en materia en esta materia que parecen remacharse con la creación y fundamentos de la Secretaría de Cultura y su interés en mercantilizar los bienes culturales para generar un mayor PIB en México, producen el efecto más pernicioso del neoliberalismo, la ampliación de la brecha entre quienes tienen acceso a estos bienes culturales y quienes, no. Entre ricos y pobres.
Aquí aporta como referencia el incremento reciente a los museos en la Ciudad de México, de hasta 189 por ciento, que obstaculiza el ya de por sí difícil acceso a estos espacios para quienes ganan bajos salarios.
Otra vez para señalar lo engañoso de las cifras expone, que cuando se dice que 62 por ciento de los mexicanos asisten a eventos culturales, hay que poner “ojo”, porque la gente lo que hace mayoritariamente es asistir a fiestas tradicionales, como la Morisma o la Procesión de los viernes santos en Zacatecas.
De estos 62 mexicanos entonces, 30 asistieron a este tipo de expresiones y no a un museo, además, porque entre menor escolaridad y salario, así propuesto el binomio, la gente asiste menos a eventos que se proponen en espacios cerrados y más a los que se realizan en zonas públicas y abiertas. Ese es el secreto de las plazas atiborradas que ostentan los funcionarios de Cultura como expresión del éxito de sus gestiones.
La gente opta por comprar “una garnacha” y disfrutar de un espectáculo gratuito a enfrentarse a pagar entradas en un museo, expuso
No obstante los gestores culturales gubernamentales no están del todo convencidos de que las expresiones de cultura popular sean equiparables al teatro, ejemplificó, por lo que incluso las estadísticas para su medición los presentan como fenómenos separados, y que implican otra brecha, esta propuesta como una estratificación entre la cultura popular y “la alta cultura”.
Cuando se habla de consumo cultural, no se trata del “pago de entradas”, el abarrotamiento de espacios, o la compra o visión de los bienes culturales como simples y llanas mercancías, sino la demanda y acceso real, cotidiano y democrático a los bienes culturales, expuso, el ejercicio de los derechos culturales a que alude la Constitución y la firma de Tratados internacionales que ha hecho México.
