Promovido desde la presidencia de la República, un nuevo sistema de salud se ha puesto en marcha para “atender” las necesidades de la población. Se dice que “su universalización” será para que todos podamos pertenecer a un solo sistema nacional con un fondo único de financiamiento.
El proyecto, que entró en vigor hace más de un año, es conocido como Sistema Universal de Servicios Básicos. Argumenta el gobierno que el IMSS “terminó ya su ciclo como institución de servicios integrales por lo que ahora prestará solo servicios básicos y que dejará fuera de su alcance y responsabilidad, todas las enfermedades graves que padezcan los derechohabientes”. Bajo este esquema, padecimientos como la diabetes, el cáncer, la hipertensión o la insuficiencia renal tratada por hemodiálisis, ya no podrán ser atendidos (o ya no están siendo atendidos) por el IMSS o el ISSSTE. Este terrible escenario está siendo ocultado a la mayoría de este país.
Para introducir el nuevo modelo traído del extranjero, el gobierno está trasladando al libre mercado de las aseguradoras, los derechos a la salud que la revolución consagró a los mexicanos y que sus impuestos y cuotas les habían venido otorgando por años. Al igual que lo han hecho con otras empresas y servicios que eran o son propiedad y responsabilidad suya, las instituciones de salud pública han venido siendo desatendidas, paulatina y conscientemente, para propiciar su debilitamiento y su posterior quiebra y privatización.
El desmantelamiento ha iniciado
Lo que se creía un rumor respecto a la privatización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha dejado de serlo. Los propios trabajadores confirman que la acción desmanteladora comenzó hace casi dos años: “Se están liquidando trabajadores por antigüedad y no los están dejando jubilarse; se contrata personal nuevo sin ninguna experiencia ni mérito. Servicios como farmacias, ambulancias, rayos X, exámenes de laboratorio etc., están subrogados y no se están realizando ya en muchas de las clínicas del país: se pide al derechohabiente que recurra al sector privado para obtener medicamentos o sus resultados de glucosa, tipo de sangre, etc. “
¿Cómo adquirir medicinas para enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes que requiere insulina, o para el cáncer y la hipertensión que, por su naturaleza, son caras en el mercado?
Los derechohabientes –que aseguran recibir un servicio deficiente y que a menudo tardan hasta seis meses para programarles consulta— testifican que el IMSS y el ISSSTE se han convertido en simples proveedores de medicamentos y que muchas veces ni siquiera en eso: “Papá es diabético y mi mamá es hipertensa, solo asisten a consultas para que les den medicamento, no los revisan”. “No es posible que se estén retirando a los enfermos de las máquinas de diálisis que les permiten vivir…” Imagine ahora el lector de esta columna lo que le espera a un país donde el 70 por ciento de su población es obesa o con sobrepeso…
La salida que ofrece el gobierno a la crisis es el “Seguro Popular”. Pero el instituto creado durante el gobierno de Fox, ha resultado ser por el contrario, un organismo inseguro y restringido. Fracasó desde su fundación al no cubrir las metas de afiliación, por estar permanentemente descapitalizado y porque cuando utilizó la estructura médica de los institutos del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de las fuerzas armadas y de Petróleos Mexicanos, ni así pudo atender la demanda de un México enfermo y necesitado de cobertura total.
Pese a todo, el IMSS y el ISSSTE seguirán existiendo así sea solo para prestar “servicios básicos”; la crisis del sector la seguirán pagando los enfermos y derechohabientes que se ven obligados a desembolsar el 79 por ciento del costo total de las medicinas. Igualmente, a quien padece alguna enfermedad crónico degenerativa y quiera adquirir una póliza de gastos médicos mayores, las aseguradoras no podrán ofrecerle atención médica como tampoco hospitalización.
Se dice de manera cómoda, que la baja en las finanzas de estos institutos es debido a lo caro de las enfermedades crónicas, al aumento en la esperanza de vida y a los grandes montos que se destinan al pago de pensiones; que la situación financiera tiene que ver con la privatización que hizo Zedillo con la Ley del Seguro Social de 1995 porque le quitó al IMSS su principal soporte de ingresos que era las pensiones, para colocarlas en el sistema privado que hoy conocemos como AFORES”. Por eso la crisis financiera de los institutos de salud pone en perspectiva la necesidad de QUE SE ABRAN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD A LOS TRABAJADORES DEL SECTOR. Esta circunstancia y la crisis misma del país, tarde o temprano nos colocará a todos ante la disyuntiva de PAGAR O NO PAGAR LA DEUDA financiera y de romper con los planes de austeridad impuestos por la banca internacional. Este es el verdadero fondo del problema. Exijamos desde ahora una AUDITORÍA PÚBLICA que nos ayude a DIFERENCIAR LA DEUDA LEGAL DE LA DEUDA BUITRE. ■
Fuentes: Fernanda Tapia (entrevista radio) / Sin embargo / Cuartoscuro
