En México, los programas gubernamentales para la atención en el campo, la ayuda a los productores y los apoyos a la población contribuyeron a que 8.6 millones de personas salieran de la inseguridad alimentaria moderada o grave en una década, destacó René Orellana Halkyer, subdirector regional de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe.
Explicó que de acuerdo con los datos más recientes del organismo internacional, en el país esta condición disminuyó de 24.9 por ciento en 2014-2016 a 16.5 en 2023-2025.
En entrevista con La Jornada, destacó que el costo diario de una dieta saludable en México es de 4.54 dólares por persona (79.45 pesos, a un tipo de cambio de 17.5), cifra que es menor al promedio de América Latina y el Caribe (de 4.91 dólares), por lo que “hay mejores condiciones para el acceso económico a una alimentación saludable”.
Con una amplia trayectoria diplomática y en organismos multilaterales, Orellana atribuyó estos avances a que el gobierno mexicano ha puesto en marcha diversas políticas públicas para facilitar el acceso de alimentos más baratos a los consumidores, como el programa de Tiendas del Bienestar, que vincula a los productores directamente con los compradores.
“En México hay un potencial enorme en términos de políticas públicas que está desarrollando el gobierno. El trabajar en el eslabón final de la cadena de los mercados con las tiendas de Bienestar es una política que favorece acceder a alimentos con precios menores. Al facilitar insumos a los productores reduce también costos y mejora la calidad”, señaló.
En contraste, expuso que a escala regional, 75 por ciento del precio que pagan los consumidores por los alimentos corresponde a costos generados después de la cosecha, como intermediación, logística, transporte, cadena de frío, acuerdos comerciales e infraestructura, entre otros factores que inciden de manera significativa en el precio final.
A propósito de su visita para la firma del Marco de Programación País (MPP) 2026–2031 con el gobierno de México, el funcionario boliviano informó que se canalizará un presupuesto de 140 millones de dólares para desarrollar programas agroalimentarios y de medio ambiente alineados al Plan México.
Durante los próximos cuatro años, puntualizó, este instrumento contemplará proyectos enfocados en impulsar ciencia, tecnología e innovación en la agricultura y recursos naturales, como es el aprovechamiento del sargazo para desarrollar biofertilizantes y bioestimulantes, además del reciclaje de otros productos, con el objetivo de generar nuevas alternativas productivas y fortalecer los sistemas agroalimentarios.
La estrategia busca avanzar hacia la sustitución de fertilizantes químicos, que de acuerdo con el planteamiento, representan riesgos para la salud de las personas, la tierra y el medio ambiente.
El subdirector regional de la FAO explicó que del monto total contemplado, alrededor de 54 millones de dólares ya están garantizados y los 86 millones restantes deberán movilizarse mediante cooperación internacional, fondos climáticos y ambientales, recursos nacionales, banca de desarrollo y alianzas responsables con el sector privado.
Indicó que la FAO no es sólo una fuente de financiamiento, sino de conocimiento. Por ello, entre sus áreas de trabajo están la sanidad de alimentos, plantas y animales; derecho a una alimentación adecuada; protección social; generación de oportunidades para los pequeños productores; acceso a insumos y procesos productivos, e impulso a una agricultura competitiva e innovadora.
A estas acciones se suman la incorporación de ciencia y tecnología a los procesos productivos, digitalización y uso de inteligencia artificial, y el manejo integral de los agroecosistemas, en coordinación con políticas de conservación, sistemas forestales y manejo de cuencas.
Actualmente, el país enfrenta la enfermedad de gusano barrenador del ganado, que regresó a finales de 2024, luego de 30 años de estar libre de esta plaga. Orellana precisó que ante esta emergencia, la FAO tiene capacidades tecnológicas y científicas para atender estos temas y acompañar con asistencia técnica y fortalecimiento de los centros de investigación que tiene México en la materia.
Mencionó que entre los desafíos que persisten en el país se encuentran construir una infraestructura resiliente a eventos climáticos extremos, articulación de las áreas de producción de los mercados, mejoramiento de las rutas y facilitación de la logística de transporte, crédito en condiciones adecuadas para los pequeños productores con sistemas de apoyo y extensionismo, participación de la mujer y fortalecimiento de sus organizaciones de productores.
Subrayó el papel de México en la cooperación sur-sur y triangular (intercambio de conocimientos, experiencias, tecnología y recursos financieros entre dos o más países), puesto que puede contribuir a otras naciones que están encaminadas en el desarrollo de biofertilizantes, bioestimulantes y biofungicidas con transferencia de tecnología.
