La Red Plural de Mujeres de Zacatecas exigió a la Fiscalía estatal (FGJEZ), al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEZ) y a la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) garantizar medidas de protección para la académica Verónica Aguilar Vázquez y otras tres mujeres que han señalado como agresor al docente Luis Manuel “N”, luego de que el sábado concluyera la audiencia en la que se vinculó a proceso por el delito de amenazas.
Ayer, universitarias y activistas pidieron a las autoridades actuar con imparcialidad y no ceder ante intentos de minimizar el impacto de las amenazas o reducir las sanciones.
A través de un posicionamiento leído a las afueras de rectoría, María Luisa Sosa, Alejandra Padilla, Adriana Rivero Garza, Sandra Cecilia Ambriz y otras activistas advirtieron que la intimidación contra una mujer que participa en la defensa de los derechos humanos y en el movimiento feminista no debe reducirse a un asunto privado, pues busca generar miedo y desalentar a otras mujeres de denunciar, expresarse y organizarse.
Entre sus exigencias plantearon que el proceso se conduzca con debida diligencia, perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, y que cualquier acto de intimidación, hostigamiento o represalia sea atendido con oportunidad.
Pidieron además a la rectoría vigilar la actuación del Consejo Universitario, la Defensoría Universitaria y los órganos de decisión de cada unidad académica. A la Fiscalía y al Tribunal les solicitaron agilizar los casos abiertos que involucran a otras integrantes de la Red y del movimiento feminista, “sin simulación, retraso ni revictimización”.
En su pronunciamiento, Aguilar Vázquez explicó que presentó la denuncia hace un año, tras enterarse de que no era la única docente agredida por esa persona. Recordó que la vinculación a proceso es solo una etapa del procedimiento y pidió que se evite cualquier filtración de la información de la carpeta de investigación que la exponga a ella o a las testigos, y que las actuaciones pendientes se desahoguen dentro de los plazos legales.
Al ser cuestionadas respecto a otros casos, las feministas señalaron que tienen procesos abiertos en la Fiscalía que aún no se judicializan, algunos con carpetas de larga data, por lo que calificaron el acceso a la justicia para las mujeres como “terriblemente difícil”. Señalaron que al interior de la universidad la Defensoría ha sido “laxa” y “negligente”, y que ha alargado los procesos sin dar una respuesta satisfactoria a las víctimas. Por ello, algunas han acudido también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHEZ).
Las universitarias reprocharon que las denuncias que han acompañado suelen resolverse mediante una suspensión condicional del proceso, salida alterna que, denunciaron, beneficia al agresor.
Añadieron que la BUAZ no ha abierto procedimientos administrativos de sanción contra docentes señalados, y llamaron a aprovechar la reforma universitaria en curso para armonizar la normatividad interna con los estándares nacionales e internacionales sobre violencia contra las mujeres.
