“Hoy nos reunimos para reconocer y valorar la profundidad de nuestras raíces y para reflexionar sobre el alcance de las responsabilidades públicas que hemos asumido (…) La Real y Pontificia Universidad de México, surgida en el siglo XVI, perteneció a un mundo muy distinto del nuestro y no puede establecerse entre aquella institución y la actual una línea de continuidad (…) Las sucesivas clausuras de la antigua Universidad, la implementación y consolidación de la educación laica y científica influida por el positivismo y, finalmente, la creación de la Universidad Nacional en 1910, representaron giros determinantes (…) La institución actual es el fruto de estos complejos procesos y de mujeres y hombres tenaces que imaginaron nuevos cursos de desarrollo para la educación superior pública, la ciencia y la cultura”, afirmó nuestro rector, Leonardo Lomelí, el pasado 21 de septiembre en la sesión extraordinaria del Consejo Universitario.
La Universidad Nacional, lo dice bien nuestro rector, es fruto de complejos procesos, vaivenes políticos, disputas ideológicas, visiones en torno a la educación y su papel en un país que, como el nuestro, está cruzado por carencias y desigualdades, pero también, potencialidades y recursos. Nuestra historia nos convoca a honrar nuestra pluralidad (académica, política e ideológica), a fortalecer nuestra casa de estudios y, desde luego, a defender la educación –pública y laica– y ejercer con libertad, con responsabilidad, uno de nuestros principios nucleares: el de la autonomía.
El de autonomía es un concepto frágil y vulnerable, sobredeterminado, dirían algunos, y siempre inscrito en una constelación mayor de relaciones políticas y sociales. Así, ejercer la autonomía debe ser ejercicio permanente de crítica y reflexión de nuestras tareas de frente e inscritas en la realidad nacional, de sus problemas, carencias y desigualdades.
La autonomía universitaria no es el fin del camino, sino práctica cotidiana que nos enfrenta a nuevos retos y tareas, a fin de preservar sus facetas libertarias: riqueza académica, crítica y cultural, de formas de gobierno, administrativa y financiera. Es, dicho en una nuez, un derecho que compromete.
Como universitarios, estamos obligados a continuar (re)inventando nuevas maneras de trazar nuestro destino; garantizar la calidad y la eficiencia de la educación pública, obligadamente laica y, al mismo tiempo, darle a nuestra casa una vigorosa impronta universal en la que nuestras raíces encuentran su cauce. Como comunidad, estamos obligados a realizar los cambios necesarios que nos permitan la excelencia en la generación y transmisión del conocimiento para renovar nuestro compromiso con el cultivo de la ciencia y la cultura.
Tal responsabilidad no significa ni enclaustramiento ni contemplación escolástica. Implica diálogo permanente con la realidad del Estado y la nación a partir de nuestros saberes y activos intelectuales. Como lo señalara el ministro Justo Sierra en aquel magnífico discurso inaugural de la Universidad Nacional: “no, no será la Universidad una persona destinada a no separar los ojos del telescopio o del microscopio, aunque en torno de ella una nación se desorganice; no la sorprenderá la toma de Constantinopla discutiendo sobre la naturaleza de la luz del Tabor (…)”.
Estar dispuestos a revisar experiencias y aprender de ellas, reconocer y corregir, mantener nuestras señas de identidad forjadas en grandes momentos fundadores (1910, 1929, 1945, 1968) de nuestra historia. Saber honrar, como señalaba el gran Miguel León Portilla, “la misión de la universidad –ámbito de libertad por excelencia– (que), no siendo sencilla ni fácil, es aportar lo mejor del saber para hacer realidad entre nosotros los ideales por los que vale la pena vivir”.
