En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, el Movimiento Feminista de Zacatecas señaló resistencias e inoperancia institucional para hacer efectivo el derecho a la interrupción legal del embarazo en el estado, y denunciaron casos en el Hospital de la Mujer, el IMSS y el ISSSTE que pondrían en evidencia incumplimientos en la ley.
Señalaron que, en el Hospital de la Mujer, las usuarias que buscan acceder a la interrupción legal del embarazo son trasladadas a espacios destinados a mujeres en duelo por pérdida gestacional. Agregaron que han tenido conocimiento de una negativa de servicio en el ISSSTE y que, en Fresnillo, autoridades de salud presionaron a una usuaria para disuadirla de ejercer su derecho.
Otro de los casos que denunciaron fue el de una menor de edad que llegó con sangrado abundante a un hospital del IMSS y no fue atendida, en parte por no ser derechohabiente; la abogada Cristela Trejo intervino telefónicamente para activar un protocolo de emergencia y el padre de la joven anunció que presentará una denuncia formal por negligencia.
Las activistas exigieron presupuesto etiquetado, abasto permanente de mifepristona y misoprostol, capacitación obligatoria del personal, atención sin dilaciones y sanciones por obstaculización.
“Ni retrasos deliberados, ni peregrinajes entre hospitales, ni requisitos inventados”, exigieron ayer durante un pronunciamiento realizado en el Mercado González Ortega de la ciudad de Zacatecas.
Emilia Pesci, abogada y activista, reconoció el buen trabajo que realiza la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME), pero denunció que en varias instituciones (incluido el IMSS) se abastece únicamente con misoprostol sin mifepristona, lo que puede generar complicaciones en el proceso; además, denunció comentarios estigmatizantes del personal hacia las usuarias.
Señalaron que, pese a los casos detectados, las quejas formales son escasas porque recae solo en las usuarias presentarlas, y muchas evitan el proceso por el desgaste psicológico que implica revivir la experiencia ante las mismas instituciones que las victimizaron.
A través de un pliego petitorio de once puntos, exigieron que la objeción de conciencia sea estrictamente individual y nunca institucional, con la obligación del personal objetor de referir de inmediato a la usuaria.
El Movimiento Feminista de Zacatecas recordó que la despenalización del aborto en el estado −aprobada el 20 de noviembre de 2024 hasta las 12 semanas de gestación− fue resultado de un proceso que inició con una iniciativa ciudadana desechada por el Congreso local en 2022 y un fallo de la Justicia Federal en agosto de 2024 que declaró inconstitucional criminalizar a las mujeres por decidir sobre sus cuerpos. En marzo de 2025 se reformó además la Ley de Salud estatal para garantizar el acceso gratuito al procedimiento en instituciones públicas.
Ante los casos de violencia institucional, Cristela Trejo recomendó a las mujeres que enfrentan obstáculos acercarse a colectivas feministas o al CEPAVIF (que ofrece acompañamiento a distancia y activa la atención en centros de salud municipales), y evitar guiarse por información no verificada de redes sociales que pueda poner en riesgo su salud.
