Los Pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla.
Marco Tulio Cicerón
El fuero constitucional se ha entendido propiamente como la inmunidad que poseen los servidores públicos de alto rango impugnable al poder Judicial, es decir, en una protección conferida contra cualquier acción legal de carácter penal incoado en su contra; o bien en materia administrativa en cuanto a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
Cuando hablamos de una sociedad democrática que busca ser siempre garante de la igualdad, la palabra “privilegio” suele incomodar a varios, sin embargo, si algo nos ha enseñado la historia de nuestro país, es que los privilegios otorgados por nuestra Constitución siempre han tenido un motivo enérgico en busca del bienestar social y equilibrio político. Lo que se traduce en el equilibrio del poder público.
La inmunidad de la que hablamos nace de la libertad de expresión de ideas y el debate parlamentario, brota como un garante de libertad de expresión cuyos objetos iniciales fueron los miembros del Poder Legislativo, por lo cual incluso abarca las opiniones pronunciadas fuera del recinto legislativo.
El fuero no implica una inmunidad absoluta, ya que los servidores públicos son sujetos a un régimen propio sobre la exigencia de responsabilidades, el cual se fundamenta de manera precisa en los artículos 109, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el conocido juicio político, ahora denominado juicio de procedencia.
Por lo que dicho fuero no es permanente, toda vez que éste no privilegia a la persona como tal, sino protege al cargo público sobre el que se tiene injerencia, por lo que el individuo será juzgado normalmente una vez que se haya concluido el cargo conferido o sea desaforado.
Si bien es cierto, el proceso de desafuero es largo y bastante complejo, no es motivo tal para eliminar esta figura, es conveniente buscar reformas en este sentido, porque si bien la figura del fuero actualmente parece precaria en apoyo a la propia impartición de justicia y alienta a la impunidad en las diferentes esferas y escalinatas del poder público, no debemos olvidar el motivo por el cual esta figura fue incorporada a nuestra legislación nacional.
Recordemos todas las veces en donde desde el poder ejecutivo se mandó disolver el Congreso y se encarcelaron a Diputados y Senadores, únicamente por pensar y opinar diferente a quien en ese momento ocupaba el Poder Ejecutivo.
Debemos tener en cuenta que los servidores públicos no son solamente los gobernadores o presidentes municipales, lo son también diputados que podrían representar una minoría en los congresos estatales y federales, autoridades judiciales, auditoras y fiscalizadoras que necesitan estar investidas de una protección para el apropiado desempeño de sus funciones.
Es fácil para diversos sectores populistas alentar la desaparición del fuero, porque solo buscan la aprobación en las urnas, no están analizando de manera apropiada la situación, si verdaderamente alentamos un gobierno progresista, debemos ser moderados y objetivos, las medidas extremistas no nos llevaran a ningún avance.
Se debe concientizar a la sociedad respecto de las figuras instauradas y su relevancia, no solamente histórica, sino también en el acontecer actual, las reformas son el verdadero entrever de un ejercicio político sano y una verdadera participación ciudadana.
Es momento de reinterpretar, replantear dicha figura, el fuero no significa impunidad, evasión de la ley ni protección de delincuentes, la Constitución establece plenamente los límites del fuero, no obstante se ha desvirtuado su aplicación de forma eficiente, por no ser comprendidos o simplemente respetados esos límites, por lo que es necesario volver a legislar en esta materia.
El fuero tiene que discutirse primero ampliamente, no permitamos que las figuras garantes de la libertad y del buen ejercicio público sean eliminadas de nuestro sistema político, por meras pretensiones populistas sin fundamento, motivación, razonamiento o argumento alguno.
Debemos tener presente que el fuero constitucional se instituyó como una forma de protección de la función ejercida por los servidores públicos para ayudar a mantener el equilibro entre los Poderes del Estado y así posibilitar el funcionamiento normal del gobierno en un régimen democrático, por lo cual es pertinente adaptar la figura del fuero constitucional a nuestra sociedad actual, analizar los alcances del mismo, para que sirva de una manera precisa a las necesidades actuales de nuestro país.
Debemos entender que no somos absolutos ni totalitarios, que continuamos con la construcción y consolidación de la democratización de las instituciones que nos ha dotado el sistema Republicano en las que estamos representados el pueblo, el parlamento y el ejecutivo, dentro del sano equilibrio. ■
