Chicago. Illinois ya permite a los migrantes en situación irregular presentarse a hacer examen para obtener la licencia de conducir.
Los turnos para las personas que esperan tomar el examen de conductor —que se aplica en Chicago y Springfield— comenzaron a ser distribuidos el martes. Para fines de mes habrá cuatro lugares habilitados y en enero se podrá tomar en unas 30 localidades, dijo el secretario de Estado de Illinois.
Hasta el momento tienen turno 5 mil 500 personas, informó el diario Chicago Sun-Times.
La aplicación inicial del programa piloto será lenta. Las dos primeras instalaciones de la secretaría de Estado aceptarán seis turnos por día, pero esa cifra aumentará drásticamente con el correr de las semanas. Se requiere hacer cita previa.
«Preferimos hacerlo lenta y sistemáticamente para que en enero todo esté funcionando bien», dijo Lisa Grau, administradora del programa que otorga la Licencia de Conductor Temporal. «Por favor, tengan paciencia».
La licencia cuesta 30 dólares, dura tres años y sólo es válida para conducir. No se puede usar para comprar un boleto de avión, votar o adquirir un arma. A diferencia de la licencia estándar, que tiene una franja roja y se renueva cada cuatro años, la temporal tiene una franja violeta y no se renueva. Al cabo de tres años se debe solicitar nuevamente.
Los detractores dicen que el estado debería reprimir a los migrantes en situación irregular, ya que violaron la ley al entrar al país, y no atraerlos a Illinois. Dicen también que las licencias pueden usarse para obtener una identidad fraudulenta porque al solicitante no se le toman las huellas digitales. La foto del solicitante será procesada a través de una base de datos de reconocimiento facial.
Los grupos defensores de los migrantes se opusieron a la toma de huellas digitales porque dijeron que desalentaría a los solicitantes, cuyas huellas podrían ser entregadas a las autoridades federales de inmigración.
Las autoridades dijeron que habría unos 250 mil solicitantes en los primeros dos años.
El gobernador Pat Quinn firmó la ley en enero después que la legislatura la aprobó con el apoyo de los dos partidos.
