Buenos Aires. Tres querellantes de la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en España antes, durante y después de la dictadura de Francisco Franco se presentaron el martes ante la jueza argentina María Servini de Cubría.
Andoni Txasco, Merçona Puig Antich y Pablo Mayoral brindarán sus testimonios ante la magistrada a lo largo del día, dijo Máximo Castex, uno de los abogados argentinos de la docena de querellantes provenientes de España que acudirán hasta el viernes al despacho de la jueza en una de las sedes de los tribunales en la capital.
Servini de Cubría instruye desde 2010 una investigación por delitos de lesa humanidad cometidos en España entre 1936 y 1977, un periodo que abarca la guerra civil, el régimen de Franco y los dos años que transcurrieron entre la muerte del dictador y la celebración de las primeras elecciones democráticas.
En el marco de esta investigación, la única sobre crímenes franquistas abierta en el mundo, la magistrada imputó este año a cuatro ex agentes del aparato franquista por varios cargos de tortura.
Castex dijo que, una vez que escuche todos los testimonios, Servini de Cubría puede eventualmente «ampliar los cargos de acusación» contra los imputados o acusar a más personas por presunta represión ilegal.
Puig Antich es hermana de Salvador Puig Antich, anarquista que se implicó en la lucha y que fue ejecutado por la dictadura franquista tras ser juzgado y condenado por un tribunal militar por el asesinato del subinspector de la Brigada Político Social Francisco Anguas. La mujer se ha querellado contra el ex ministro franquista José Utrera Molina, al que acusa de haber firmado el decreto para la ejecución de la sentencia de muerte de su hermano.
Puig Antich dijo, después de declarar, que el juicio a su hermano «fue sin pruebas» y que solo duró dos meses.
«En España no se puede hablar todavía de esto. Todos los que hemos vivido injusticias teníamos ganas de poder contarlo y de que se revisara, se reconociera y de que se termine la impunidad (…) hay sufrimiento de mucha gente que no se ha podido expresar», señaló.
La querellante dijo sentirse agotada por la tensión emocional que le produjo presentarse ante Servini de Cubría. «Pero estoy contenta de que lo he podido explicar delante de una jueza y se va a tener en consideración (…) Tenemos muchas expectativas de que esto avance. Las cosas se van encadenando para bien, hay imputaciones», sostuvo.
En tanto, Txasco testificará ante la jueza en representación de la Asociación de Víctimas de 3 de Marzo, en referencia a los asesinados y heridos por el asalto de la policía a la iglesia de San Francisco de Asís de la ciudad de Vitoria el 3 de marzo de 1976, cuando se celebraba una asamblea de trabajadores en huelga.
Por su parte, Mayoral es ex miembro de la organización armada Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y fue acusado de la muerte de un policía y un militar durante el franquismo. Relatará sus experiencias de cuando fue detenido en 1975 y torturado junto a otros compañeros en la Dirección General de Seguridad franquista, tras lo cual estuvo encarcelado hasta 1977, cuando fue beneficiado por una amnistía.
Entre los que viajaron a Buenos Aires pocos días atrás para testimoniar ante la jueza están algunos de los que iban a declarar en videoconferencias programadas en Madrid en mayo y que fueron canceladas por orden de la cancillería española, explicaron a la AP abogados de la causa.
Conjuntamente, se trasladaron a Buenos Aires 28 miembros de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina con el fin de impulsar el proceso judicial y seguir recabando apoyos de organismos oficiales y de derechos humanos argentinos. La delegación española ha concertado reuniones con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, con la entidad humanitaria las Abuelas de Plaza de Mayo y con el Nobel de la Paz Adolfo Pérez-Esquivel.
Dos de los acusados por la jueza argentina se encuentran fallecidos, pero sobre los otros dos pesan órdenes internacionales de detención con fines de extradición. La fiscalía se opuso al arresto y la justicia española todavía no se ha pronunciado; en tanto, Naciones Unidas ha instado a España a colaborar con Argentina.
El juez español Pablo Ruz, que debe resolver sobre las órdenes de arresto cursadas desde Buenos Aires, confirmó que José Ignacio Giralte murió en 2007 y Celso Galván en 2009. Ambos pertenecieron a la brigada política social de la policía.
Los otros dos imputados son Jesús Muñecas y Juan Antonio González Pacheco, al que se conocía como «Billy el Niño», a quien señalan como un conocido torturador y que según los querellantes de la causa debe presentarse el jueves ante el juez español para ser notificado de las acusaciones en su contra, tras lo cual el magistrado debería decidir si lo detiene.
El juez español Baltasar Garzón trató de abrir en 2008 una causa contra el franquismo, pero fue frenado por la justicia de su país que invocó la ley de Amnistía de 1977.
