Las prioridades del gobierno no son las prioridades de la sociedad, no sólo en relación con la obra pública, sino en cuestiones más sensibles para la población como salud y educación. En el caso de la educación está pasando por un proceso de extremo estrés: una Reforma Educativa sin calidad que pretende o anuncia calidad, pero tiene a los profesores en las calles en violentos enfrentamientos con las fuerzas policiacas, a los bachilleratos amarrados a una matrícula insuficiente y a las universidades estatales en el ahogo financiero, sobre todo en los renglones de seguridad social y sistema de pensiones. Y el estrés es provocado por un financiamiento insuficiente.
Ahora bien, ¿cómo es posible que se gasten miles de millones de pesos en prometidos programas de seguridad y tengamos ningún resultado positivo? Y a cambio se anuncien recortes a los gastos en educación que ponen a los sistemas de bachilleratos y universitarios en las fronteras de la viabilidad. El Colegio de Bachilleres de Zacatecas atiende un poco más de 30 por ciento de la matrícula de la educación media superior y no hay depósitos en seguridad social al IMSS por más de 90 millones de pesos. Y la cuenta corriente está continuamente en duda. Pero con lo adeudado al Issstezac suma 210 millones de pesos. En el caso de la UAZ faltan más de 300 millones de pesos para salir del año, y es tiempo en que no hay respuesta satisfactoria. Gobierno del Estado se va a endeudar de forma grosera y no tiene contemplados ni al Cobaez ni a la UAZ en el monto del empréstito. El estrés sube de tono.
Las actuales administraciones federal y estatal han quedado muy mal con la educación. No sólo la UAZ tiene problemas en sus pasivos laborales, en los adeudos en seguridad social y, por supuesto, en los montos de pensiones. Para el conjunto de universidades estatales, cada año Gobierno Federal destina casi 8 mil millones de pesos a cubrir pasivos, de un fondo total de adeudo en pensiones de 227 mil millones de pesos (según datos de la Auditoría Superior de la Federación). Por ello, en estos días los diputados oficialistas votarán la conversión del Pensión-Issste en una Afore público-privada. La tendencia contra los derechos de los educadores está más que dibujada. No sólo el derecho de seguridad en el empleo de los educadores del nivel básico ya se dio, sino que ahora está en camino la desarticulación de los derechos de los educadores de bachilleratos y universitarios. Quieren eliminar los derechos en seguridad en el empleo junto con derechos económicos de carácter contractual. La pregunta es, ¿qué van a hacer los sindicatos correspondientes? ¿Van a seguir aislados o se van a unir para luchar?, ¿Se van a desarticular o van a mantener la unidad interna?, ¿Lograrán formular con sus patrones propuestas comunes de solución dirigidos a la Secretaria de Hacienda, o sólo esperarán la imposición de medidas de remedio? Mientras el gran capital sigue gozando de privilegios fiscales propios de un paraíso, la población pobre está fuera de la educación superior. Sin duda, esto parece un drama de lucha de clases en torno a las decisiones presupuestales del Estado.
