Los impuestos son recursos públicos presupuestales que dotan al nivel federal, a los estados y a los municipios de los medios necesarios para instrumentar políticas públicas. Son de carácter obligatorio y, en teoría, se determinan en función de la capacidad tributaria del contribuyente o ¨de lo que ganan¨, para ser más coloquiales.
Existen dos formas de determinarlos, una marcada por un enfoque político-económico y otro con un enfoque político-institucional. La primera hace referencia a la facultad de tributación en función de la cercanía, ubicación geográfica o capacidad de control con la actividad que se pretende gravar; es por esta razón que a nivel municipal se tiene el predial y otros impuestos específicos sobre los servicios por ser éste el ámbito con mayores posibilidades para su determinación y cobro. La segunda tiene que ver con el pacto federal de coordinación fiscal en el que, basado en las normas, se establecen y distribuyen las participaciones que corresponden a cada nivel de gobierno y se fijan reglas de colaboración administrativa.
Así, el federalismo representa un mecanismo por medio del cual se organizan las relaciones político-administrativas entre diferentes componentes autónomos. Estos componentes (los órdenes federal, estatal y municipal) se distinguen por la heterogeneidad cultural, política, social, económica y de contexto, lo que explica que permanentemente tengan el propósito de obtener nuevas competencias, derechos y beneficios de diversa índole.
En el pasado cada estado de la República gravaba diferentes actividades económicas para obtener recursos que le permitieran hacer frente a sus obligaciones con los ciudadanos independientemente de lo que recaudaba la Federación, sin embargo, ahora es la Ley de Coordinación Fiscal la que rige las relaciones fiscales entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales. A pesar de esto, en nuestro país el federalismo aún enfrenta problemas relacionados con la definición de las facultades recaudatorias, distributivas de los recursos y de ejercicio de gasto, y es precisamente en este contexto que se inscribe la discusión en torno al Impuesto Minero o Ecológico en Zacatecas, con el que el gobierno del estado pretende recaudar 1,230 millones de pesos.
En mi humilde opinión, este tema es en realidad un problema de fondo y de formas. Para cualquier gobierno es válido buscar fuentes de financiamiento para cumplir con sus proyectos y programas, sin embrago, por más justo que esto pudiera ser siempre existirá una resistencia por parte de cualquier persona o empresa a pagar impuestos.
Además, el tema del medio ambiente y la minería es muy complejo en sí mismo, más cuando se desarrolla en un estado como Zacatecas cuya fundación, hace más de 500 años, tiene que ver precisamente con esa actividad. Lo más importante en este momento es que cuidemos que las diferencias en torno al impuesto no se conviertan en un juego de suma cero donde se identifique a un ganador y a un perdedor porque, sea quien sea la parte a la que le toque jugar alguno de estos papeles, es claro que lo único que provocaría es que pierda Zacatecas.
No podemos permitir que se divida a los zacatecanos entre aquellos que están a favor y en contra de las minas, y aún menos en los que están a favor o en contra de la Federación y del Presidente de la República; sería algo muy irresponsable
Enfrentamos un momento en el que resulta adecuado buscar nuevamente un acercamiento entre las partes y donde se planteen, de manera transparente, los requerimientos financieros del Estado y las posibilidades contributivas de las empresas. A todos nos conviene que Zacatecas esté mejor.
Dada la dinámica económica y de los mercados actuales, cada vez es más complejo para las empresas cubrir con nuevos impuestos debido a que muchas de éstas dependen de consejos de accionistas que ni siquiera viven en el país y que, tranquilamente, podrían mandar cerrar las minas. Sin embargo, el gobierno debe ser capaz de plantear proyectos y obras de infraestructura estratégica como la autopista a Guadalajara, por mencionar un ejemplo, y las empresas deben apoyar no como un acto benéfico, sino como una posibilidad de fortalecer también su actividad comercial.
Creo que el diálogo, el acuerdo y la colaboración siempre serán condiciones necesarias para avanzar en el desarrollo y la gobernanza democrática de nuestro estado y del país. ■
