A la memoria de mi hermano y amigo
Roberto Ortiz
El agua es el origen de las civilizaciones y también será el ocaso de las mismas; los recursos hídricos constituyen un bien preciado sin el cual, resulta absurdo hablar de Derechos Humanos, recordemos simplemente que la alimentación, la salud y el ambiente, se encuentran entrelazados al tema del agua. Ya con anterioridad hemos puntualizado que más de la mitad de los mantos acuíferos del estado de Zacatecas están en grado de sobreexplotación, lo cual, nos conduce a una verdadera crisis hídrica que hasta hoy no tiene una estrategia que pueda enfrentarla. Así las cosas, el agua zacatecana es escasa y mucha de la que tenemos disponible está contaminada pues existen casos graves de persistencia de arsénico y flúor como en los municipios de Tabasco, Luis Moya, Ojocaliente y Guadalupe. El tandeo del agua es variable, complejo y genera muchos conflictos entre los colonos, la queja es constante y, así ante este escenario, se incrementa el precio del agua potable en algunos casos en 300%, es decir, el Derecho Humano al Agua en Zacatecas se encarece sin previo diagnóstico, sin una estrategia de captación del agua, sin un consenso ciudadano, solo a mano alzada de Consejo Directivo de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, en el que por cierto, no me siento representado. Basta un acuerdo (Suplemento Publicado en Periódico Oficial núm. 104 de Fecha 28 de Diciembre de 2019) para dar machetazo a caballo constitucional pues una disposición administrativa basta para afectar la aspiración ciudadana de que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. En este sentido, la vaga argumentación del acuerdo en comento, dispone que los mexicanos tenemos la obligación de contribuir a los gastos público según la fracción IV del Artículo 31 constitucional, no obstante, también es una obligación del Estado garantizar el derecho humano al agua y no lo hace. Desde mi punto de vista, entonces primero se debiera garantizar esta prerrogativa, después, establecer una estrategia estatal hídrica y luego, someter a consulta pública el incremento de las cuotas y tarifas de agua potable y no, con solo un acuerdo a todas luces inconstitucional. En este orden de ideas, Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande deben trabajar unidos para fijar mecanismos que garanticen el suministro, prevenir los conflictos civiles que motivarán la ausencia del agua y no afectar la esfera jurídica de los gobernados de esta manera. Estamos conscientes de que los costos de operación, administración, conservación, mantenimiento y mejoramiento deben actualizarse pero de manera equilibrada y, a sabiendas del encono que esto pudiera generar, pues formalizar mecanismos de legitimación de la medida como los foros que se están haciendo a destiempo y analizando las posturas de defensa como las presentadas ante la Legislatura Local por el Presidente de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla. Llegó la hora de asegurar los derechos Humanos de manera efectiva y no solo obstaculizar su acceso con un alto costo, pues como lo ha señalado la UNESCO, el agua dulce es el recurso más importante para la humanidad, es un bien transversal a todas las actividades sociales, económicas y ambientales. Es una condición para toda la vida en nuestro planeta, un factor propicio o limitante para cualquier desarrollo social y tecnológico, además de una posible fuente de bienestar o miseria, cooperación o conflicto y, con la finalidad de garantizar la gestión y el suministro de este bien, debemos proteger los sistemas de agua vulnerables, mitigar los impactos de los peligros relacionados con el agua, tales como inundaciones y sequías, salvaguardar el acceso a las funciones y servicios de agua y administrar los recursos hídricos de manera integrada y equitativa. Esto último, es lo que precisamente faltó por visibilizar a los de JIAPAZ, mismos que desafortunadamente advirtieron solo el beneficio económico de su acuerdo administrativo sin mirar que nos estamos quedando sin agua, no tenemos una política pública bien definida en esta materia y, por si esto fuera poco, el Gobierno de Alejandro Tello quedará a deber a los zacatecanos, entre otras cosas, el Objetivo 6 (Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU) relativo al AGUA Y SANEAMIENTO que dispone que se debe garantizar el acceso del vital líquido a las personas, la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
*Integrante del Consejo Mundial para la
Defensa de los Derechos Humanos y
Secretario General del Consejo Zacatecano
de Protección al Ambiente
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