El largo plazo

El largo plazo

¿Sería mucho pedir que en la UAZ tuvieran lugar elecciones libres, sin el espectro del corporativismo? Quizá sí, porque lo primero que debería ser reconocido es que los procesos democráticos en la universidad no existen, aunque tenga la “facultad y la responsabilidad de gobernarse en forma democrática” (artículo 5). Si recurrimos a la historia de la universidad como guía descubrimos que la exigencia de democratización es una constante en el tiempo que juega un papel relevante en el esquema que se ha desarrollado como vía de acceso a la conducción. Tal esquema tiene la forma: se denuncia a la administración por ineficaz y corrupta, se monta un amplio proceso de deslegitimación, se organizan grupos (financiados por las “fuerzas extrañas”) y se procede a un proceso de elecciones cuestionable del que resulta vencedor alguno de los contendientes. El esquema nos lo proporciona Francisco García González en “Los días y los años de una institución” (Ed. Cuellar, 1998) donde nos narra, en el capítulo “Estado y universidad…”, cómo para las elecciones de 1984 el PSUM quiso hacerse de la dirigenciade la universidad y para ello recurrió a aliarse con el gobierno del Estado, que es la “fuerza extraña”, extranjera, el enemigo de fuera. De botón de muestra del intento de deslegitimación quede la declaración del activista José Manuel Martín Ornelas quien, en congruencia con su partido, dijo que: “en estos cuatro años que el Frente Popular ha gobernado la universidad,…, solo han conducido a la Universidad al desastre y la ineficacia” (op. cit. p. 90). Lo que García González denuncia como una alianza entre el PSUM, la derecha y el gobierno del Estado colocó, en 1984, a Francisco Flores Sandoval en la rectoría, quien de inmediato es descalificado por el historiador: “…ya para 1984 se imponía en la UAZ una administración de tipo centralista en la que la toma de decisiones se llevaba a cabo en función de objetivos e intereses personales” (op. cit. p. 74). Por supuesto que la pugna prosiguió y aquí es importante resaltar que el grupo ABCD, opositor a los aliados con el gobierno del Estado, vindicó en todo momento que la autonomía de la universidad no sólo es política sino económica (op. cit. p. 94) porque es deber del Estado proporcionar recursos suficientes para el cumplimiento de los altos ideales universitarios. Se nota la reiteración del esquema para arribar a la rectoría de la universidad, pero el proceso se puede complejizar cuando las fuerzas en pugna deciden suspender las hostilidades abiertas para concertar un medio de reparto, tal papel lo cumplió la convocatoria a un Congreso de Reforma en junio de 1986. A partir de ahí, con la ilusión de un proyecto común, las fuerzas podían trasladar sus combates a un teatro imaginario: las reformas son formas de mediación. Aunque, si la vida política de la universidad se describe suponiendo una pugna con el gobierno del Estado debemos inferir que la universidad misma es el escenario de una lucha entre aquellos que pretenden, o dicen pretender, un proyecto popular y los “otros”, los emisarios de las decisiones del “Estado neoliberal”. Pero, ¿era democrática alguna de las partes en pugna?, y aquí concibamos esto como la apertura a una toma de decisiones colectivas libre, sin manipulaciones o presiones. Es dudoso porque su formación en el PSUM y el PT no daba para eso, apenas para la “línea desde arriba”, el centralismo. Aquí es pertinente recordar que, más que herederos del movimiento estudiantil de 1968, estos grupos son resultado de las prácticas políticas del partido comunista y su opuesto: el nacionalismo revolucionario. Ante la democratización del país el nacionalismo revolucionario tuvo que utilizar de estrategia de supervivencia un giro hacia la democracia (como lo comenta Christopher Domínguez Michael en su columna de “El Universal” de 06/08/18) y en consonancia con esto los grupos autoritarios de la universidad (formalmente democráticos) debieron reinventarse como depositarios de un proyecto de universidad desde el que su pugna por el poder apareciera como un conflicto de ideas porque su contexto era, y es, una universidad en la que deben desarrollarse proyectos académicos. Se desarrollaron muchos, pero aquí lo que importa destacar es que los proyectos triunfantes son, ¡sorpresa!, similares a los que el Estado neoliberal propone, y previsiblemente serán iguales a los de cualquier tipo de Estado que aparezca en el futuro porque aquí la fórmula de sobrevivencia política es mostrar preocupación por la universidad y a la vez complacer a quien la financia: el Estado, por eso abundan los “bajadores de recursos”, los “diseñadores de proyectos para presidencias municipales”, los “interlocutores con los legisladores” todo ello bajo la cobertura ideológica de “la crisis de la universidad”, la “relación universidad-sociedad”, o cualquier otro lema ideológicamente comprometido pero de dudoso valor académico. Conclusión lógica de este tipo de relaciones entre la universidad y el Estado es la “estafa maestra” y sus muchas versiones miniatura en las diferentes unidades de la universidad. Preguntamos de nuevo ¿son posibles elecciones libres en la universidad? La respuesta objetiva, que toma en cuenta el peso de los intereses creados, es no. Pero el espíritu de 1968 debería llevarnos a creer que sí se puede, aunque ello acontezca en el largo plazo; cuando todos estemos muertos. ■

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