Los municipios zacatecanos no son ajenos a la situación de violencia que vive actualmente México, por la cantidad de territorios involucrados, por el daño que está produciendo y que genera grupos de víctimas muy lastimadas cuya atención resulta muy complicada. No se están construyendo políticas adecuadas de reinserción y de recuperación de las personas afectadas o involucradas en esta guerra.
Es muy preocupante el debilitamiento del Estado después de más de tres décadas de ataque sostenido contra sus instituciones con el propósito de disminuirlo hasta su mínima expresión, lo que ha afectado sus capacidades, en especial las encargadas de proporcionar seguridad a la población, generando, en cambio, un Estado capturado por intereses privados. Ante el crimen organizado, los municipios son los más vulnerables por su debilidad institucional y en materia de recursos, lo que explica que sean capturados desde el mismo proceso electoral, pues el crimen organizado y diversos poderes fácticos apoyan con recursos a ciertas fuerzas políticas para después imponer a los jefes de seguridad y a los responsables de las obras públicas, con lo que controlan el territorio y se benefician de los recursos públicos que se otorgan a los municipios. Evitar ese proceso es, con mucho, el principal reto de los ayuntamientos que ayer entraron en funciones.
El segundo reto de muchos municipios es el de un nivel de endeudamiento insostenible producido por la ambición e irresponsabilidad de sus autoridades, la presión de los poderes fácticos que los patrocinaron en sus campañas, la complicidad e indolencia de la Legislatura, de los contralores y de la propia Auditoria Superior del Estado.
Por otra parte, deben tener presente que tradicionalmente los seis pilares de la política social en México se han referido a lo laboral, a la seguridad social, la salud, la alimentación, la educación, y la vivienda e infraestructura social, y que por varias décadas la política social ha estado subordinada a la política económica y que muchos de sus instrumentos se encuentran actualmente debilitados, como ocurre con la protección laboral o incluso, han sido eliminados, como los sistemas públicos de abasto y distribución de alimentos, todo lo cual será puesto en cuestionamiento por el nuevo Gobierno Federal.
Grandes retos a enfrentar son las consecuencias sociales y los nuevos derechos que emergen a partir de la caótica urbanización experimentada en las últimas décadas en la zona metropolitana y en Fresnillo; así como las transformaciones en el mundo del trabajo, del consumo y en las estructuras y organización de las familias debido, entre otras cosas, a la migración; el crecimiento del número de víctimas de la violencia: madres, padres y hermanos que han perdido un miembro de la familia, los huérfanos, personas con discapacidad por armas de fuego, accidentes viales o adicciones, las personas desplazadas, las víctimas de trata y prostitución forzadas y de tortura, así como de secuestros y desaparición forzada.
Por último, pero no menos importante, los ayuntamientos del corredor que va de Guadalupe hasta Fresnillo deberán involucrarse en el proceso tendiente a construir la presa “Milpillas” y el correspondiente acueducto, con el propósito de dotar a sus habitantes de la información necesaria para valorar el proyecto en todas sus dimensiones y consecuencias. El asunto es demasiado importante como para dejarlo en manos de las autoridades estatales y federales.
