Según la definición general que aparece en la página 29 del libro “Corrupción y cambio” de José Octavio López Presa (FCE, México, 1998), la corrupción es: “La violación de una obligación por parte de alguien con capacidad de decisión, con el objeto de obtener un beneficio adicional que no se deriva funcionalmente de la posición que ocupa”. Sugeneralidad deriva de que no se limita a las obligaciones legales, sino que incluye las morales, por lo que se puede ser un corrupto muy legal. Esto es paralelo a la dicotomía existente entre legalidad y legitimidad, porque un gobernante puede ser legal, pero ilegitimo. Se presentan modalidades de la corrupción de acuerdo al sector en el que opera, por lo queexiste corrupción política cuando lo que debería conseguirse por la acción colectiva se logra mediante negociaciones y acuerdos individuales (p. 31), la hay administrativa cuando un servidor público viola la normatividad o abusa del cargo en beneficio propio o de terceros (p. 32). Mencionar la corrupción es moneda corriente en México, y ha sidoelevada a causal de todo mal por López Obrador cuando afirma que “…el Estado se encuentra secuestrado por una minoría y esta es la causa principal del desastre nacional” (“2018. La salida” Planeta, México, 2017 p. 99), sin embargo, las propuestas para solucionarla, aunque tienen auge desde 1982, poseen variados niveles de sofisticación. Muchas de esas soluciones son complejas, porque compleja es la realidad que intentan comprender y regular, otras son simples de enunciar porque forman parte de un programa político para las mayorías, que exigen consignas fáciles de memorizar y definiciones ambiguas ofrecidas mediante casos escandalosos (la privatización de PEMEX, la venta de los ferrocarriles, las concesiones millonarias sin concurso público). Proponer que la honestidad de los funcionarios públicos y el ejemplo moral del presidente es la solución de la corrupción es reducir el origen de la misma a la inherente maldad del ser humano dejando de lado los aspectos estructurales de la misma. Es decir, en ocasiones son grupos organizados al interior de las instituciones los que operan el robo de los recursos públicos, por lo que es una subestructura dentro de la estructura administrativa el origen del problema, y esto no se resuelve solicitando honestidad. Ejemplo cabal de lo antedicho lo constituye la denominada “estafa maestra”, cuyos autores permanecen impunes y seguirán impunes porque muchos ya van de candidatos a puestos de elección popular. Para decirlo con términos sofisticados: la corrupción genera ciclos de realimentación que permiten su reproducción y supervivencia. Nos centraremos, en lo que sigue, en utilizar un caso acontecido en el SPAUAZ para ilustrar lo difícil que es detectar y combatir la corrupción. Durante mayo de 2017 el secretario general del SPAUAZ acordó con el rector de la UAZ una serie de modificaciones al contrato colectivo de trabajo UAZ-SPAUAZ al margen de los ordenamientos jurídicos universitarios. De acuerdo a la definición general que hemos citado esto es un caso claro de corrupción política porque un individuo, Crescenciano Sánchez, mediante negociaciones individuales impuso a los sindicalizados algo que debió haberse logrado mediante la discusión en los órganos colegiados del sindicato. Los agremiados estuvieron en el desamparo durante un año completo, las lesiones ocasionadas fueron graves, los resarcimientos quizá no lleguen, pero el asunto no termina ahí. El secretario general actual, Pedro Martínez Arteaga, volvió a modificar el contrato actuando de manera individual, contra el acuerdo de los órganos colegiados de no revisarlo y presumiendo su corrupción como si fuera encomiable. Declaró en periódicos y radio “…tres mil universitarios dicen: ¡que bueno que Pedro Martínez hizo eso!”, y más aún, también cree, contra los Estatutos sindicales, que él puede asumir la representación de todo el comité ejecutivo del SPAUAZ. ¿Cómo se combate esta corrupción que se enorgullece de sí? Difícil es detectarla porque se hace en secreto, aprovechándose de la desmovilización de los sindicalizados, y más difícil es que se acepte que existe. En un oficio dirigido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el compañero Martínez Arteaga atribuye las modificaciones contractuales a un “lapsus”, uno que llevó al añadido de párrafos completos perjudiciales a los sindicalizados y todavía añade, después de un listado incompleto de las modificaciones que “…, reconocemos que no se ha llevado a cabo bilateralmente ninguna modificación al Contrato Colectivo de Trabajo que nos ocupa”. De un plumazo salva a Crescenciano Sánchez, para el que no pide sanción alguna. Corruptos todos y todos se encubren, adoptan la estrategia de presumir su corrupción como un acto temerario y heroico para no asumir responsabilidades ante los agremiados. Se puede notar que el corrupto no asume su corrupción. Martínez Arteaga es parte de la corrupción organizada en la que estamos sumidos, así que su defenestración es un paso para combatirla porque la impunidad es parte de los ciclos que la realimentan, pero para mantenerla a raya se requiere más. Postulamos que una de las soluciones es la recuperación de la vida colegiada del sindicato, que ha sido nulificada con las consecuencias que ya hemos descrito. Transparentar las operaciones financieras y hacer públicos los documentos que se esconden (como la auditoría a la gestión de Crescenciano Sánchez) es otro.
