Es una resolución del juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con sede en San Andrés Cholula, Puebla
La justicia federal determinó que es inconstitucional el impuesto a la infraestructura del gobierno de Alejandro Tello Cristerna, por el que según previsiones de la Secretaría de Finanzas (Sefin) incluidas en la Ley de Ingresos recaudaría unos 190 millones de pesos este 2018.
“La justicia federal nos dio la razón…-la Secretaría de- Finanzas está cobrando impuestos que son abusivos e ilegales”, dijo Soledad Luévano Cantú.
La resolución del juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con sede en San Andrés Cholula, Puebla, Pedro Arroyo Soto, mediante sentencia firme, mandató por ello que la (Sefin) deberá devolver el dinero que por este concepto ha recaudado a los ciudadanos que interpusieron el recurso de amparo en contra de este gravamen, para lo que tiene 15 días hábiles después de emitida la resolución.
Sobre los efectos del amparo, el texto que entregó Luévano Cantú a la prensa precisa que de conformidad con el artículo 74 fracción IV de la ley de Amparo, se traduce en los siguientes:
“I. Que se desincorporen de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por lo que ninguna autoridad podrá volver a aplicarlos en su perjuicio, mientras se encuentran vigentes en los términos analizados.
II. Que el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, devuelva a la parte quejosa la cantidad pagada por concepto de impuesto adicional para la infraestructura, causado con base en los artículos declarados inconstitucionales.
III. La autoridad en mención, deberá sumar a dicha cantidad la que corresponda a su actualización, de conformidad con las disposiciones legales aplicables”.
La ex diputada local y actual candidata por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al Senado de la República, quien puso a disposición de la población el formato para realizar la demanda de amparo el pasado mes de enero a través de la asociación civil Soledad Ciudadana, instó a que aquellos que no acudieron a este recurso, le acompañen este 16 de abril a las 10 de la mañana a Ciudad Administrativa, pues buscará entregar al mandatario una solicitud “para que devuelva el dinero a todos los ciudadanos, no sólo a los que presentaron el amparo”.
“Es la invitación que hacemos en lo general para que nos acompañen para presionar. No es que yo lo quiera sino que la ciudadanía es la que debe participar y exigir sus derechos”.
Dijo que resulta “penoso” que Tello Cristerna pretenda quedarse estos recursos luego que la justicia federal determinara que el impuesto a la infraestructura viola los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria.
Informó que mediante Soledad Luévano AC se interpusieron 300 demandas de amparo buscando este efecto, pero ya que se puso a disposición el formato para que quien quisiera lo utilizara, el número total de los ciudadanos que habrían hecho estas promociones ante la justicia federal para sus efectos es indeterminado.
En las oficinas de la asociación civil se han recibido al momento 20 notificaciones de sendas sentencias en que la justicia federal respalda a los ciudadanos inconformes con el impuesto a la infraestructura, informó el asesor jurídico de la organización, Rodolfo Márquez.
Se precisó asimismo que el impuesto le implicó erogaciones a cada contribuyente por este concepto, de unos 700 pesos.
Lo que acaba de acontecer con esta resolución dijo Luévano Cantú, “demuestra una vez más que la ciudadanía informada y organizada puede lograr las cosas que son justas y que por ley se deben de respetar y mientras no nos manifestemos y estemos unidos a algún interés común de la ciudadanía, la gente aislada no va a poder hacer nada”.
De misma forma ocurrió con el caso de la tenencia en el año 2014, refirió, pues la respuesta a su convocatoria para manifestarle rechazo recabó más de 16 mil firmas donde la gente pidió un subsidio para este impuesto.
“Y lo logramos. Y ahora los invitamos para que tuvieran el formato para que hicieran su amparo ya fuera asesorados por nosotros o por su cuenta, y la gente que atendió va a salir beneficiada”.
Expuso que la cantidad puede resultar para algunos insignificante, pero no para otros, “entonces una vez más demostramos que al estar informados y decididos a participar, aquí está el resultado”.
El asesor jurídico Rodolfo Márquez también precisó sobre los amparos que se interpusieron contra el pago de derechos por el Control vehicular, que este sí quedó firme.
“El juez en este caso determinó que el Impuesto a la infraestructura es declarado inconstitucional porque rompe el principio de proporcionalidad que contenido en el artículo 31 de la Constitución política mexicana en su fracción cuarta; en el caso del Control vehicular dice que no excede ese principio”.
El amparo contra el Impuesto a la infraestructura fue interpuesto contra la Legislatura del estado, el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, y el gobernador Alejandro Tello Cristerna.
