Reforma Laboral del PRI entregará “la sangre de los trabajadores para convertirlos en esclavos”

Reforma Laboral del PRI entregará “la sangre  de los trabajadores para convertirlos en esclavos”

La Reforma Laboral secundaria que plantean los senadores priístas Tereso Medina (CTM) e Isaías González (CROC), entregará “la sangre de los trabajadores para convertirlos en esclavos”, pues entre otras cosas plantea la desaparición del salario, de los sindicatos, y la anulación de los contratos colectivos de trabajo, dijo Manuel Fuentes Muñiz.
El experto en derecho laboral propuso a esta reforma como la más regresiva en la materia en los últimos 100 años en México, ya que su eje fundamental es “la producción, la usura, la ganancia patronal” y por tanto la imposición de la voluntad de los empleadores a la par del despojo del derecho humano al trabajo de los mexicanos.
Expuso que es especialmente preocupante porque va enfocada a perjudicar a los jóvenes, las mujeres y a la gente de mayor edad, ya afectados por las dificultades de acceder al derecho al trabajo, la estabilidad en el empleo y la seguridad social.
Fuentes Muñiz, Héctor Arturo Mercado López, magistrado del 17 Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia del Trabajo, Juan Romero Tenorio, diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y Pablo Franco Hernández, secretario general de Asuntos Colectivos de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, ofrecieron una conferencia de prensa para adelantar elementos del foro Retos de la Nueva Justicia Laboral.
El evento fue realizado ayer en el foyer del Teatro Fernando Calderón, y organizado por el precandidato al Senado por el Morena, José Narro Céspedes, quien expuso que estas reformas ni siquiera son conocidas y por tanto respaldadas por los propios trabajadores agremiados a la CTM y la CROC.
Coincidieron en que la iniciativa que actualmente se discute en comisiones en el Senado de la República y que deriva de una reforma constitucional del 24 febrero de 2017, debe detenerse, socializarse ampliamente tanto entre los patrones y especialmente los trabajadores, discutirse y llevarse a consulta.
Pablo Franco Hernández expuso desde su experiencia que los sindicatos son cada vez más inoperantes e incapaces, no sólo de defender los intereses de sus agremiados, sino siquiera de emitir una opinión al respecto de este tipo de temas.
Dijo que de acuerdo al Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los sindicatos y los representantes de los patrones deberían estar “discutiendo públicamente” estas leyes secundarias, pero no lo están haciendo, mientras que el “trámite” se realiza en el Senado en lo “oscurito”.
Contrario a lo que está ocurriendo actualmente y que se agudizará con esta reforma, “lo que nosotros estamos planteando es que tiene que discutirse cómo se regresa a los trabajadores” su derecho a nombrar a sus representantes y a aspirar a serlo.
La política económica ha abandonado a los trabajadores y el fortalecimiento del mercado interno al buscar insertarse en el ámbito de la distribución del trabajo internacional ofreciendo mano de obra barata y erosionando con ello los derechos laborales, especialmente el de la negociación colectiva, puntualizó.
Refirió que la reforma de febrero de 2017 busca cumplir solo de palabra los compromisos internacionales celebrados por el Estado mexicano, concretamente el capítulo laboral del Tratado Transpacífico que obliga a dar cumplimiento al convenio 98 de la OIT sobre negociación colectiva y al correspondiente 87 sobre libertad sindical, pero a la hora proponerlo en la Ley Federal del Trabajo, por el contrario, lo que se refuerza es el control patronal sobre la negociación colectiva.
Actualmente el patrón, quien descarta la existencia de la lucha de clases, sostiene que “los trabajadores no necesitan un sindicato porque soy como su papá”.
Dijo que este “triunfo cultural” de un pensamiento totalmente contrario a los intereses de la clase trabajadora ha logrado permear tanto que “hasta los trabajadores se lo creen”, también por el gran desprestigio de los sindicatos.
“Entonces estamos parados –en un escenario- de cero derechos”, por lo que hay que buscar recuperarlos.
El derecho ciudadano dentro de la fuente del trabajo, que no es otra cosa que democratizar las decisiones y que se ha planteado como algo imposible, pues ”¿cómo le vas a dar derecho al trabajador de participar en las decisiones de la empresa?”, contestó: con “el mismo derecho que le da el participar en la producción de riqueza. Y que es un derecho humano que se ha perdido”.
Observó que los sindicatos tradicionales son cada vez más débiles e inservibles pues se venden al patrón, y sus dirigentes firman contratos “basura” (como los denominan en Europa), “que no le dan derechos al trabajador”.
El magistrado Héctor Arturo Mercado López centró la atención por su parte, en la disposición de la reforma constitucional de desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje tanto federal como estatales, y sustituirlas por tribunales laborales.
Aunque originalmente esta modificación a la Constitución general del país pretendía agilizar la administración de justicia en esta materia, pues con datos de un estudio que realizó, sostuvo que en este momento en México un juicio laboral (desde la presentación de la demanda hasta que se emite un laudo) se lleva en promedio cuatro años dos meses y 19 días, sostuvo que este objetivo no se cumplirá tal como ha sido propuesta la instrumentación de los procedimientos.
Comparativamente agregó que en Chile el mismo proceso ocurre en 72 días, y en Venezuela, “la agredida y terrible”, implica menos de seis meses.
La iniciativa priísta divide el procedimiento en una fase de conciliación a favor del patrón “que es tortuosa y desequilibrada” y establece juntas para el desahogo de pruebas que generarán muchos problemas, por lo que no se modificará en lo sustancial la necesidad de una justicia laboral eficaz y eficiente, enfatizó.
Precisó también que la reforma implicaría la modificación de más de 500 artículos de la Ley Federal del Trabajo y criticó que quiera hacerse entrar en vigor en noviembre de este 2018 sin una discusión suficiente y amplia.
En otros países, informó, este tipo de modificaciones tardan entre dos a cuatro años en procesos de análisis y discusión entre los sectores involucrados hasta que se ponen de acuerdo en el contenido de la ley para después ponerla en marcha bajo procedimientos de verificación que aseguren su éxito.
Objetó asimismo que no se haya destinado presupuesto para instrumentar los nuevos tribunales laborales, algo que incluye la capacitación de la gente para este efecto.
Para el caso de Zacatecas propuso como una buena pregunta, ya que estas funciones las asumirá el Poder Judicial local, si tiene suficiente presupuesto para ello, por lo que dijo, “la razonabilidad y la prudencia” indican que no debe votarse esta reforma sino “discutirse entre todos” para obtener una buena ley.
Por su parte, Juan Romero Tenorio, diputado federal por Morena, se refirió a esta reforma secundaria en materia de justicia laboral como otra más de la serie de reformas estructurales que ha impulsado Enrique Peña Nieto.
Ésta modifica el proceso de producción nacional y las relaciones de trabajo, y con ello, aparentará impartir justicia laboral cuando en realidad facilitará las condiciones de producción para los grandes inversionistas.
Se inserta en un plan nacional que ha impulsado zonas económicas especiales con diferenciaciones de regímenes fiscales y seguridad social, y que han pasado desapercibidas para el grueso de la población porque no se le ha dado la difusión necesaria a estos temas que están impactando las condiciones de trabajo de los mexicanos.

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