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Las incongruencias de Meade

Las incongruencias de Meade

Los anuncios y promesas del precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, no corresponden con lo que él hizo en su paso por la administración pública; el spot publicitario sobre su supuesto éxito en el combate a la pobreza y sus iniciativas anticorrupción desnudan esta incongruencia entre el dicho y el hecho.
En ese spot, Meade asegura que durante su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), del 28 de agosto de 2015 al 6 de septiembre de 2016, logró sacar de la pobreza extrema a 2 millones de mexicanos, tomando como base las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de 2014 a 2016, dado a conocer en agosto del año pasado.
Meade se apoya en las cifras de ese informe; pero éste ha sido muy cuestionado porque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía modificó en 2015 de manera unilateral la forma de levantamiento de ingresos en la encuesta que sirve de insumo para medir la pobreza, con lo cual rompió la serie histórica que se construyó de 2008 a 2014.
En julio de 2016, el Coneval se negó a hacer la medición de pobreza precisamente porque los cambios que se habían realizado a la metodología hacían que los datos resultarán imposibles de comparar con los de los años previos. Tras una crisis, se llegó a un acuerdo para intentar hacerlos comparables mediante aproximaciones hechas con modelos estadísticos, que no necesariamente reflejan la realidad; es decir –como apuntó Máximo Ernesto Jaramillo en un artículo publicado en la revista Nexos en octubre de 2017–, lograron “reducir artificialmente la pobreza”.
Fue una diminución estadística de la pobreza, pero no corresponde con la realidad de los mexicanos. Mientras se mantuvo la misma metodología la población en pobreza pasó de 49.5 millones de mexicanos en 2008 a 55.3 en 2014, con los mayores incrementos entre 2008 y 2010 debido a la crisis económica que azotó al país; y de 2012 a 2014, con el cambio en la política social con el nuevo gobierno. Sin embargo, de manera inopinada, esa tendencia se revirtió al modificar la metodología y los números arrojaron una disminución a 53.4 millones de pobres en 2016, justo la misma cifra de 2012.

Aunque el spot de Meade retoma un dato cierto emitido por el Coneval, el precandidato del PRI difunde una falsedad, pues en estricto sentido los números no son comparables por los cambios ya señalados; segundo, incluso con esa disminución artificial, el número de pobres de acuerdo con esas estadísticas se incrementó en 100 mil mexicanos en el actual sexenio entre 2012 y 2016, y tercero, incluso si la disminución fuese real, éste no fue producto de su actuación como titular de la Sedesol, pues su paso por la misma fue apenas de 12.5 meses, con lo cual, aun cuando hubiese realizado grandes cambios a la política social, es materialmente imposible que haya podido implementarlos, menos aún que hubiesen provocado la disminución.
Por otra parte, el miércoles 24 Meade presentó sus iniciativas de reformas legales para ir “a fondo contra la corrupción. Cerraremos filas contra la corrupción”, dijo al anunciar que las propuestas pretenden obligar a los corruptos a reintegrar al erario federal tres veces el monto de lo desviado; agilizar el ejercicio de la extinción de dominio de los bienes obtenidos y dedicar dichos recursos para becar estudios de niños y niñas, e impulsar proyectos productivos de mujeres; endurecer las penas carcelarias de quienes incurran en estos delitos, e imponer la certificación obligatoria de las declaraciones patrimoniales y de impuestos de los funcionarios que ocupen cargos públicos con nivel de Jefe de Unidad Departamental o superior.
Aunque no se conocen las iniciativas, los aspectos que adelantó parecen apuntar en la dirección correcta. Sin embargo, esa misma tarde la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle, lo acusó de plagiarse la iniciativa que ellos habían presentado hace un año en el recinto de San Lázaro.

Pero lo más contradictorio es que una de las dependencias cruciales para el combate a la corrupción es la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende directamente del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues la información de todas las transacciones que se realizan en el sistema financiero es crucial para detectar los malos manejos de los recursos públicos.
Más allá de las notificaciones de operaciones que los bancos pueden considerar atípicas o sospechosas, con la información disponible en los sistemas bancarios se debería tener un programa computacional corriendo las 24 horas del día los 365 días del año para detectar movimientos que merecen ser objeto de una revisión más cuidadosa. En el caso de los funcionarios públicos, el simple monitoreo de sus cuentas, de sus familiares directos y de los principales contratistas de las diversas instancias arrojaría información relevante para combatir la corrupción.
Y durante el tiempo que Meade estuvo como titular de dicha dependencia (del 9 de septiembre de 2011 al 30 de noviembre de 2012 y del 7 de septiembre de 2016 al 27 de noviembre de 2017) no sólo no movió un dedo para que dicha unidad mínimamente funcionara, sino que incluso se obstaculizó la entrega de la información que las instancias de procuración de justicia le solicitaban para integrar sus expedientes (tanto la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, durante el periodo en el que Santiago Nieto fue su titular, como la Subprocuraduría Anticorrupción del Gobierno del Estado de Nuevo León, se quejan de ello).

Entre los casos que tuvieron que pasar por el sistema financiero mexicano durante el tiempo que Meade estuvo en Hacienda, se encuentran los recursos que la empresa brasileña Odebrecht le entregó a Emilio Lozoya para canalizar a la campaña del hoy presidente de la República. Y aunque las transacciones se realizaron previo a su segunda llegada a Hacienda, él pudo haber contribuido de manera sustantiva a la integración de los expedientes contra todos los exgobernadores actualmente vinculados a proceso o acusados de actos de corrupción: Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge y Rodrigo Medina, entre otros y, al menos en los casos de César Duarte y de Rodrigo Medina, su colaboración fue nula.
Así, en el caso del spot publicitario de combate a la pobreza, es evidente la distorsión de la información; y en su disposición a combatir la corrupción sus posturas como precandidato y como titular de Hacienda son diametralmente opuestas. Apenas es el tiempo de las precampañas y las incongruencias ya empezaron a aflorar. ■

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